El Fiscal Nacional Ángel Valencia ha tomado una decisión trascendental este lunes al reestructurar la dirección de dos investigaciones vinculadas al controversial Caso Hermosilla, donde se indagan presuntas irregularidades en la designación de ministros de cortes y fiscales judiciales. Según reporta Ciper, ambas causas han sido trasladadas a la Fiscalía Regional de Valparaíso. Esta nueva etapa estará a cargo de Claudia Perivancich, quien será responsable de liderar las indagaciones, dejando atrás la supervisión del fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, así como la unidad de Alta Complejidad dirigida por Javier Von Bischoffshausen.
Dentro de este contexto, la investigación relacionada al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, se destaca debido a la claridad en las acusaciones de tráfico de influencias. Ulloa está en el centro del escándalo tras haber intercambiado mensajes con el abogado Luis Hermosilla, donde coordinaba esfuerzos para influir en la selección de al menos ocho jueces y tres fiscales judiciales. Este intercambio fue fundamental, ya que se reveló que en uno de los mensajes Ulloa realizó un pedido directo para lograr que Hermosilla se comunicara con Andrés Chadwick, un detalle que podría complicar aún más su situación legal.
Además de Ulloa, la atención también recae sobre la ministra suspendida Verónica Sabaj, quien enfrenta serias acusaciones por revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial. Las pesquisas han revelado que Sabaj sostenía conversaciones que comprometen su actuación judicial, lo que podría tener repercusiones legales severas. El Consejo de Defensa del Estado ha presentado una querella en su contra, subrayando la gravedad de las acusaciones. El traspaso de su caso a la Fiscalía de Valparaíso marca un cambio en la estrategia de investigación, con la expectativa de que Perivancich pueda abordar estos temas con mayor rigor.
Un aspecto que ha generado controversia es el allanamiento realizado en marzo a la oficina de Antonio Ulloa por parte de la Fiscalía de O’Higgins, que incluyó la incautación del teléfono de Héctor Mery, un exjefe de división del Ministerio de Justicia. Esto provocó un reclamo legal inmediato al ser considerado como una violación a sus derechos, dado que Mery no era formalmente imputado. La Corte Suprema posteriormente anuló dicha incautación y, aunque la Fiscalía buscaba acceder a información crucial sobre las designaciones judiciales, este revés significó un obstáculo en sus esfuerzos investigativos.
Finalmente, bajo la administración de la fiscal Perivancich, la investigación se expande para incluir a otros nominados en situaciones irregulares, lo que sugiere una red más amplia de tráfico de influencias en el ámbito judicial. La fiscalía ahora debe desentrañar conexiones que implican a al menos siete jueces y tres fiscales judiciales en procedimientos que, de ser probados, deslegitimarían la transparencia del sistema judicial. Con estas nuevas direcciones, el Caso Hermosilla continúa, y la atención pública está completamente fija en las implicaciones que esto tendrá para el derecho y la justicia en el país.
