La controversia alrededor de Catalina Ugarte Millán, actual jefa de gabinete de José Antonio Kast, ha cobrado fuerza tras la revelación de una investigación periodística que la involucra en la obtención de un subsidio habitacional estatal en 2009, a pesar de su estrecha relación con una inmobiliaria familiar. Según el medio Fast Check, Ugarte, junto a sus tres hermanos, accedió a estos subsidios destinados a la clase media, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad y ética de tal gestión. Esto ocurre en un contexto donde el subsidio habitacional tiene como objetivo específico asistir a familias con limitaciones económicas en el acceso a una vivienda propia, hecho que parece contradecir con la situación patrimonial de la familia Ugarte Millán.
Los registros obtenidos por el medio revelan que, para 2009, los hermanos Ugarte Millán ya formaban parte activa de una inmobiliaria familiar que poseía un vasto portafolio de al menos 99 terrenos en la comuna de Lampa. Este dato resulta crucial, ya que las normas del subsidio estipulaban que los postulantes y sus grupos familiares no podían tener propiedades al momento de solicitar el beneficio. La claridad de estos antecedentes plantea serias dudas sobre cómo Ugarte pudo calificar para un subsidio que, de acuerdo con la ley, estaba diseñado para ayudar a quienes realmente lo necesitaban.
Además, la situación se complica aún más al considerar que la madre de Ugarte Millán era dueña de una residencia en un exclusivo barrio de Las Condes, un sector altamente valorizado de la capital. Esta propiedad no solo representaba un considerable activo económico, sino que, además, era el domicilio oficial del grupo familiar. La existencia de varios bienes raíces por parte de la familia Ugarte Millán en un contexto de subsidios para familias de bajos recursos abre un amplio debate sobre la justicia social y la equidad en la distribución de dichos beneficios estatales.
Un aspecto que agrava la situación es el uso de los departamentos adquiridos a través del subsidio. Un trabajador del edificio donde se encuentran estas viviendas afirmó que, durante los últimos siete años, los inmuebles han sido habitados únicamente por arrendatarios y no por sus propietarios, los hermanos Ugarte. Esto contradictoriamente indica que los departamentos, en lugar de servir como hogar para la familia postulante, se han convertido en una fuente de ingresos adicionales, lo que desvirtúa el propósito original del subsidio habitacional que se destina a garantizar la vivienda básica de sus beneficiarios.
A raíz de la controversia, el Gobierno de José Antonio Kast ha salido a defender a Ugarte Millán, afirmando que cumplió con todos los requisitos legales en su postulación. Sin embargo, esta defensa se enfrenta a la crítica de que ignora la realidad de la existencia previa de la inmobiliaria y la tenencia de propiedades significativas antes de solicitar el subsidio. Este caso no solo cuestiona la gestión de Ugarte, sino que también pone de relieve la necesaria revisión de los criterios que regulan el acceso a ayudas estatales, promoviendo un debate sobre la equidad en la asignación de recursos públicos.
