El gobierno de José Antonio Kast ha dado un paso importante en la materia laboral al firmar este lunes las indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal. Esta medida, que se ha convertido en una de las principales banderas de la administración, busca extender los beneficios de la sala cuna a todas las trabajadoras del país, lo que implica un esfuerzo por mejorar la conciliación entre trabajo y vida familiar. Sin embargo, el anuncio ha suscitado controversia debido a la fórmula de financiamiento seleccionada, que plantea un recorte en los aportes que los empleadores hacen al seguro de desempleo.
La propuesta del mandatario, quien se posiciona en el espectro de la ultraderecha, contempla una cotización adicional del 0,35% a cargo de los empleadores, misma que será compensada con una rebaja equivalente en los aportes al Seguro de Cesantía. Esta reducción generaría dudas sobre el impacto real en la red de protección social. Más concretamente, se detalla que las contribuciones al Seguro de Cesantía disminuirán del 2,4% al 2,2%, mientras que el aporte al Fondo Solidario pasará del 0,8% al 0,65%, lo que representa una caída significativa en el financiamiento destinado a las prestaciones laborales.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, ha defendido la medida, asegurando que no habrá un encarecimiento de los costos laborales. Además, citó proyecciones de la Superintendencia de Pensiones que indican que esta redistribución de recursos no compromete la sostenibilidad del sistema de cesantía a largo plazo. Junto a la nueva cotización, se ha anunciado un aporte fiscal de 11.631 UTM durante los dos primeros años, además de una garantía estatal que protegerá contra posibles déficits en los fondos recaudados, asegurando así la operación de las salas cuna.
La implementación del proyecto se llevará a cabo de manera gradual a lo largo de cuatro años. En la fase inicial, beneficiará a los hijos de trabajadoras salariales bajo el amparo del Código del Trabajo, extendiéndose luego a trabajadoras autónomas y empleadas domésticas. A medida que avance la implementación, incluso los hijos de padres en búsqueda de empleo o aquellos cuyos progenitores trabajan en el sector público podrán acceder a estos servicios, revelando así un ambicioso plan de inclusión que busca adaptarse a las necesidades de la población laboral.
Por último, cabe destacar que la iniciativa ofrece flexibilidad a las empresas, ya que no estarán obligadas a construir o proveer salas cuna en caso de que no existan en la zona. Se estima que en el primer año más de 15 mil niños accederán al servicio, cifra que podría crecer hasta más de 67 mil para el cuarto año. Para asegurar la viabilidad del sistema, se establecerá una Comisión Técnica de Financiamiento, junto con mecanismos de fiscalización que serán supervisados por la Superintendencia de Pensiones, buscando garantizar así la transparencia en el uso de los recursos.
