Sudán ha entrado en su tercer año de conflicto armado, desde que en abril de 2023 estallara una guerra brutal que ha desencadenado una catástrofe humanitaria sin precedentes en la región. Más de mil días de sufrimiento han dejado a millones de sudaneses atrapados en un círculo vicioso de violencia, desplazamiento y hambre. La crisis ha sido exacerbada por la falta de atención y respuesta adecuada de la comunidad internacional, que permite que las cifras de víctimas y necesitados continúen en aumento, mientras las historias de quienes sufren permanecen en la oscuridad.
El panorama actual en Sudán es desolador, ya que casi una de cada tres personas ha sido desplazada, lo que se traduce en más de 15 millones de individuos forzados a huir de sus hogares debido a la violencia y la inestabilidad. La tormenta de inseguridad alimentaria está arrasando al país, con 33,7 millones de personas que requieren asistencia humanitaria urgente. Cada vez más, la nación se enfrenta a niveles de hambruna sin precedentes, donde dos de cada tres sudaneses están en riesgo de no tener acceso a alimentos. Este escenario inquietante refleja la magnitud de la calamidad humanitaria que enfrenta la población de Sudán.
La infraestructura vital del país ha sido destruida, dejando un vacío incapacitado para atender las necesidades básicas de salud. Se estima que entre el 70 y el 80% de los hospitales y centros de atención médica están fuera de servicio, afectando así a un 65% de la población que no puede recibir la atención médica necesaria. La situación se agrava por la violencia sistemática que se enfoca principalmente en los más vulnerables. Con más de 5,000 niños desplazados y expuestos al riesgo de violencia, la realidad para las familias sudanesas es aterradora. La violencia sexual se ha convertido en un arma de guerra, afectando desproporcionadamente a mujeres y niñas, lo que añade una capa alarmante a la crisis humanitaria ya existente.
En medio de la catástrofe, la respuesta global ha sido lamentablemente insuficiente. En 2025, solo se logró financiar el 36% de los 4.200 millones de dólares requeridos para satisfacer las necesidades urgentes de la población. Los recortes en la financiación han obligado a organizaciones como Caritas a suspender su apoyo vital a medio millón de personas desplazadas, aumentando drásticamente el sufrimiento de las comunidades afectadas. Además, el acceso a áreas en necesidad es extremadamente limitado debido a los asedios, lo que ha reducido aún más la capacidad de las organizaciones humanitarias para ayudar a quienes más lo requieren. Las ciudades como Kadugli y Dilling están aisladas, cerrando las puertas a la asistencia humanitaria básica en los momentos de mayor necesidad.
A pesar de este sombrío panorama, organizaciones como la OIM y OCHA continúan haciendo un llamado urgente a la comunidad internacional para que actúe y priorice la protección de los civiles y la paz en Sudán. La Directora General de la OIM, Amy Pope, ha enfatizado en la necesidad de una acción internacional sostenida, mientras que OCHA solicita un cese inmediato de las hostilidades y el respeto al derecho internacional humanitario. La campaña #KeepEyesOnSudan, apoyada por diversas organizaciones, busca mantener el enfoque global en esta crisis, recordando al mundo que la población sudanesa no puede ser olvidada ni ignorada en medio de la devastación.
