La vocera del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, Mara Sedini, ha admitido que existieron prolongadas conversaciones con la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, mientras esta aún se desempeñaba como fiscal en ejercicio. Esta revelación ha generado una fuerte reacción en la oposición, particularmente del diputado Daniel Manouchehri, quien calificó la situación como «extremadamente grave». En una entrevista concedida a La Tercera, Sedini afirmó que las conversaciones no fueron una improvisación, sino que antecedieron al anuncio oficial del nombramiento de Steinert, lo que ha suscitado serias interrogantes sobre la ética y los límites institucionales entre el Ministerio Público y el poder político.
Durante la entrevista, Sedini defendió la profesionalidad del proceso aludiendo a que Kast ha estado trabajando en su plan de seguridad desde hace tiempo. «La ministra de Seguridad no fue una improvisación; era una conversación que ya llevaba un buen tiempo», explicó Sedini. Esta afirmación contradice la expectativa de separación entre los organismos de fiscalización y el ejecutivo, lo que provoca inquietudes sobre la independencia del sistema judicial en el país, y la potencial influencia política sobre decisiones judiciales.
El diputado Manouchehri, preocupado por el contenido de las declaraciones de Sedini, ha solicitado transparencia en el proceso que llevó a las conversaciones con Steinert. A través de una publicación en redes sociales, el parlamentario hizo un llamado a esclarecer si otras figuras del poder judicial también mantuvieron conversaciones con el futuro gabinete. Su interrogante «¿hablaron con otros fiscales?» resuena fuertemente, dado que plantea complicaciones sobre posibles conflictos de interés y la imparcialidad en las investigaciones que actualmente lleva a cabo la Fiscalía.
Además, Manouchehri recordó el caso del exfiscal Guerra y su vinculación con decisiones políticas, insinuando que la omisión de detalles sobre las reuniones previas puede ser perjudicial en la percepción pública de la justicia. En este contexto, la pesquisa en curso sobre personas cercanas al presidente electo, como el diputado Cristian Araya en el caso conocido como ‘Muñeca’, coloca aún más presión sobre la futura ministra de Seguridad, quien ahora no solo debe lidiar con su nuevo rol, sino también con las repercusiones de sus decisiones pasadas como fiscal.
Las declaraciones de Sedini y la reacción de Manouchehri han encendido un debate sobre las líneas divisorias entre el ejercicio del poder político y el Ministerio Público en Chile. Mientras algunos defienden la experiencia que Steinert podría aportar al cargo, otros resaltan la necesidad de un escrutinio riguroso para garantizar que las reformas en seguridad no estén influenciadas por relaciones previas con el sistema judicial. Este episodio nos recuerda la importancia de mantener la integridad de las instituciones y la necesidad de cuestionar cualquier señal que sugiera una posible colusión entre el poder político y la justicia.
