El doctor en Ética y Democracia, Álvaro Ramis, ha expresado serias preocupaciones sobre la propuesta del candidato presidencial José Kast, que implica la creación de corredores humanitarios para facilitar el retorno de migrantes venezolanos. Ramis sostiene que esta medida no asegura la voluntariedad ni la seguridad de los migrantes en tránsito, indicando que la falta de un marco regional coordinado podría llevar a una vulneración sistemática de derechos fundamentales. Tal situación estaría alejada de los estándares internacionales de protección, generando un entorno donde la asistencia humanitaria se convierte en una amenaza más que en una ayuda.
Ramis advierte que bajo ciertas condiciones, la asistencia que se presenta como humanitaria podría transformarse en una herramienta de expulsión. Esto sucede, según él, cuando el traslado de los migrantes deja de ser opcional y se convierte en la única alternativa frente a la irregularidad o la posible imposición de sanciones. En este sentido, el académico señala que el enfoque humanitario pierde su esencia y se convierte en un instrumento que encubre una lógica de expulsión, desviándose del propósito original de proteger y asistir a personas en riesgo.
El especialista destaca que el proyecto que se discute actualmente parece más un sistema de desplazamiento forzado que parte de la frontera norte de Chile y Perú, con destino a zonas como Cúcuta en Colombia. Ramis argumenta que este tipo de trayectos no garantizan condiciones dignas en su recorrido, lo que traería consigo una externalización de la expulsión. Esto, a su vez, aumentaría los riesgos para las personas migrantes y sería incompatible con el principio de no devolución, ya que traslada el problema a otros países sin contar con las debidas garantías y protecciones.
Para garantizar que estos corredores no se transformen en zonas de excepción jurídica, el doctor Ramis propone la implementación de salvaguardas legales que hoy en día son inexistentes. Considera fundamental asegurar que el proceso sea estrictamente voluntario, permitiendo a los migrantes desistir en cualquier momento y solicitar protección internacional. Sin un consentimiento informado, cualquier decisión que tomen los migrantes podría interpretarse más como un mecanismo de control estatal que como una real ayuda humanitaria.
Finalmente, el académico señala la importancia de la responsabilidad continua del Estado en el que se implemente esta medida, asegurando la supervisión por parte de organismos internacionales que verifiquen las condiciones de seguridad y el acceso a asistencia legal. Sin una supervisión constante, alertó Ramis, estos corredores se convertirían en espacios de excepción donde la protección de los derechos de los migrantes se diluye, normalizando la arbitrariedad. Además, la geografía del Cono Sur y las diferencias normativas entre países vecinos podrían llevar a una militarización del trayecto, aumentando la posibilidades de abusos en lugar de la protección necesaria.
