La reciente auditoría realizada por la Contraloría Générale de Chile ha puesto de manifiesto un escándalo que involucra a miles de funcionarios públicos que han estado utilizando licencias médicas para vacacionar en el extranjero. Este asunto no debe ser visto como un error aislado, sino como un síntoma de una enfermedad institucional arraigada en un modelo que prioriza el éxito personal sobre el amanecer del bien común. En esta, la lógica del servicio público se distorsiona, convirtiéndose en un campo de juego en el que la corrupción no solo es tolerada, sino que se vuelve parte de una rutina común. La inacción para sancionar efectivamente a quienes cometen faltas deja claro que, en Chile, la corruptela se fomenta con impunidad, donde los grandes delincuentes son a menudo enviados a cursos de ética en lugar de enfrentar consecuencias penales reales.
La normalización de este tipo de conductas también expone la naturaleza clientelista que ha permeado el sector público. Muchos funcionarios han optado por ver lo público como un botín a repartir, donde el mérito es reemplazado por la fidelidad a una causa o a un partido político. Se distribuyen cargos y se desvían recursos como si pertenecieran a intereses particulares más que al bien de la comunidad. Tal situación no solo erosiona la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, sino que también pone en riesgo la eficacia de la gestión pública. En este clima de desconfianza generalizada, el valor de la ética se vuelve un concepto casi absurdo, relegado a ser mirado con recelo por aquellos cuya conciencia aún busca el bien común.
La pregunta que surge de esta crisis es: ¿por qué razón se otorgan privilegios especiales a los funcionarios públicos? La respuesta radica en que manejan recursos que son de todos, y su papel trasciende lo meramente laboral. Históricamente, pensadores como John Locke han argumentado que aquellos que ejercen el poder público deben estar sujetos a reglas más estrictas, porque representan a la ciudadanía y no a intereses individuales. Sin embargo, aunque la mayor parte del personal público actúa con lealtad y vocación de servicio, el sistema ha sido abusado por unos pocos, quienes encuentran refugio en marcos legales que, en vez de castigar, protegen a los infractores.
La situación se complica aún más, dado que en el ámbito privado, la deshonestidad conlleva despidos inmediatos, mientras que en el sector público, el cómplice a menudo sigue disfrutando de su puesto. Esto crea un clima de miedo entre aquellos que desean actuar correctamente, ya que denuncias de corrupción pueden resultar en represalias severas. La Ley Karin, concebida para combatir el acoso laboral en el servicio público, es un claro ejemplo de la grave problemática que enfrentan muchos funcionarios en la actualidad. En consecuencia, se hace evidente que se necesitan reformas estructurales que garanticen canales de denuncia seguros y anónimos, para asegurar que cada voz comprometida con la verdad pueda levantarse sin temor a la persecución.
Para restaurar el sentido del servicio público en Chile, es urgente volver a colocar la ética en el centro de nuestras instituciones. Se deben fomentar valores que inspiren y protejan a quienes sirven a la comunidad, asegurando que el amor por lo común prevalezca sobre los intereses individuales. Como bien afirmaba Simone Weil, «la responsabilidad es la forma más pura del amor», un llamado claro a revalorizar lo que es nuestro, lo que pertenece a todos. Si no logramos recomponer lo público, corremos el riesgo de caer irremediablemente en la normalización de la corrupción, donde la degradación se convierte en la norma y el desierto individualista se expande. Solo el cuidado y la reinversión en lo común podrán salvarnos, y es nuestra responsabilidad colectiva reconstruirlo como parte de una tarea urgente y necesaria en nuestros tiempos.
