El máximo tribunal chileno está a punto de comunicar un fallo crucial en el caso que involucra al exvocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Rafael Pichun, quien fue declarado culpable por una sentencia del 7 de enero vinculada a un atentado incendiario. La resolución, que será revelada el próximo 1 de abril, sigue a los alegatos presentados ante la Corte Suprema donde la defensa cuestionó la validez del veredicto, centrándose en la naturaleza de la evidencia utilizada en su contra, especialmente un mensaje de WhatsApp que menciona la necesidad de «gente para el viernes».
El proceso judicial ha estado marcado por una serie de cuestionamientos a la relevancia y suficiencia de la prueba presentada por el Ministerio Público. La defensa argumenta que el mencionado mensaje fue malinterpretado, describiéndolo como una convocatoria ordinaria para acompañar a comuneros en un tribunal, en lugar de ser un indicio de autoría intelectual en delitos más graves. Este argumento se presentó en el recurso de nulidad, que contempla la posibilidad de revocar la condena si se determina que la evidencia es secundaria y no pertinente.
Desde el entorno del werken Pichun, se ha denunciado lo que consideran una persecución política dirigida por intereses forestales y la propia fiscalía, señalando que dicha condena no solo persigue a un individuo, sino a la esencia de la autoridad tradicional mapuche en el contexto de sus demandas territoriales. La defensa sostiene que el fallo de abril podría ser decisivo para revertir lo que ven como una injusticia, indicando que «en aquel veredicto se condenó a un inocente».
Rafael Pichun, hijo del fallecido lonko Pascual Pichun, representa una historia marcada por la lucha de su familia contra la opresión y las prisiones políticas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el Estado chileno ha incumplido con las normas del debido proceso en causas vinculadas a la comunidad mapuche, lo que ha llevado a la implementación de medidas de reparación. Este trasfondo advierte sobre la gravedad de los cargos que enfrenta Pichun y resalta las deficiencias del sistema judicial en su tratamiento de casos relacionados con el pueblo mapuche.
Con el juicio en el horizonte, la comunidad se encuentra en estado de alerta, defensiva frente a lo que consideran un sistema judicial que a menudo opera de manera sesgada y racista en relación con sus demandas. Sostienen que la evidencia en el caso Pichun es inconsistente y piden respeto a los estándares de justicia que deberían prevalecer en cualquier proceso legal. Con la frase «la justicia que no se ejerce cuando corresponde, ya es injusta», la comunidad mapuche reafirma su resistencia y demanda por el reconocimiento de sus derechos y su historia de recuperación territorial en el lof Temulemu.
