Gonzalo Marín, presidente de la Asociación Regional Metropolitana de Trabajadores de Sename (ARMETRASE), ha alertado sobre la crítica situación que enfrentan los trabajadores del Servicio Nacional de Menores en medio de un proceso de transformación institucional. En una reciente entrevista con el programa La Mañanera, conducido por Javier Pineda Olcay, Marín destacó cómo esta crisis laboral afecta directamente la atención que reciben los niños, niñas y adolescentes bajo custodia estatal. Con la creación del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil programada para el 13 de enero, el dirigente enfatiza que esta transición ocurre en condiciones precarias que ponen en riesgo tanto el trabajo de los funcionarios como el bienestar de los jóvenes que dependen de estos servicios.
Marín explicó que el traspaso del antiguo SENAME hacia el nuevo servicio se da en medio de un deterioro preocupante en las condiciones de infraestructura y atención. La primera etapa de esta transformación culminó en 2021 con la creación del Servicio de Mejor Niñez, pero, según Marín, la nueva fase a iniciar en enero sólo representa un cambio nominal sin resolver los problemas estructurales que arrastra la institución desde sus orígenes en 1979. Asegura que esta herencia de precariedad ha influido en el enfoque hacia los niños y jóvenes, impidiendo dar una atención diferenciada a aquellos que requieren mayor apoyo por haber sufrido vulneraciones de derechos.
Uno de los temas más preocupantes mencionados por Marín es la incertidumbre que experimentan los trabajadores respecto a la homologación de sus cargos en el nuevo servicio. La implementación de evaluaciones cuestionables para medir la idoneidad laboral suma una carga adicional para aquellos que se han desempeñado durante años en SENAME. Marín destacó que mientras algunos funcionarios, especialmente en áreas administrativas, están en riesgo de perder sus puestos, aquellos dedicados a la atención directa de los jóvenes enfrentan el desafío de operar en un sistema de salud mental y rehabilitación cada vez más colapsado. Esto se complica aún más con recientemente dictaminada limitación al pago de horas extra, crucial para mantener una atención continua en los centros de internación.
En respuesta a esta problemática, los trabajadores han iniciado un Recurso de Protección con el apoyo de la Defensoría Popular, buscando restituir las condiciones laborales que consideran esenciales para su trabajo. Marín instó además a la opinión pública a comprender la vital importancia de los roles que desempeñan en la protección de los derechos de los jóvenes. Más allá de la acción judicial, el dirigente anunció planes de movilización y encuentros con parlamentarios para discutir modificaciones legales que puedan mejorar las condiciones laborales y garantizar la atención adecuada a los menores. La formación de un estatuto laboral diferenciado para quienes trabajan en este sistema ha surgido como una demanda urgente para asegurar una atención efectiva en el ámbito de la reinserción social.
Finalmente, Marín reiteró la intención de llevar sus demandas hasta la Presidencia de la República, argumentando que hasta ahora las autoridades del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil han mostrado indiferencia frente a las problemáticas que enfrentan los trabajadores y los jóvenes. Al concluir su intervención, el dirigente manifestó que los cambios en la administración gubernamental tienden a perpetuar la precariedad en el sistema, un ciclo que parece no tener fin y que continúa afectando tanto a los trabajadores como a los niños y adolescentes que dependen de los servicios estatales de reinserción. Con movilizaciones programadas y la entrega de una carta formal al presidente, ARMETRASE espera que sus demandas sean finalmente escuchadas y atendidas.
