En un reciente debate epistolar en el diario El Mercurio, dos académicos abordaron la idea de bajar las comisiones de las AFPs vía la licitación de afiliados antiguos del sistema. Mientras que el profesor Salvador Valdés de la U. Adolfo Ibáñez apoya la idea, el experto RN y ex fiscal de la Superintendencia de Pensiones considera que el mecanismo violaría el derecho a elegir de los afiliados.
En las páginas del diario El Mercurio se ha visto un interesante debate sobre algunos aspectos de la reforma de pensiones que está en discusión actualmente, especialmente en relación a cómo se estructura la industria de las administradoras de fondos.
En esa línea, una idea que ha encontrado eco en partidos como Evópoli y Demócratas es la licitación de afiliados antiguos, una idea impulsada por el académico de la U. Adolfo Ibáñez, Salvador Valdés, y que consiste en, anualmente, asignar y cambiar a los afiliados que actualmente cotizan con algún administrador a otro actor que ofrezca una menor comisión. La idea es hacerlo a un ritmo de 10% del total de afiliados año a año, cosa que en un lapso de 10 años licitar y cambiar de administrador a todos los afiliados al sistema.
En cartas en el diario El Mercurio, el asesor previsional de Renovación Nacional (RN), Alejandro Charme, esta medida tiene problemas y “no conversaría con el deseo de los afiliados de elegir quién le administra sus fondos”. Según el experto, esta visión no considera que los afiliados eligen a su prestador no sólo por la variable precio, sino que también por otros factores, como la rentabilidad de los fondos, la calidad en el servicio, la cercanía de las sucursales, entre otros factores.
Para Salvador Valdés, no existiría vulneración al derecho a elegir de los afiliados ya que éstos podrían “aceptar o rechazar el prestador que le asigne la licitación cuando le sea aplicable”. Sin embargo, para Alejandro Charme, ese retracto no es tal. “Una de las principales barreras de entrada a este mercado es el comportamiento del afiliado, su inercia al precio y al producto pensión, que lo ve como una necesidad futura fácilmente postergable”, señaló el experto.
“Así, el afiliado licitado, por su inercia, no leerá los avisos que los incorpora en la licitación y amanecerá de un día para otro en un ente distinto. ¿No atropella eso la libertad de elegir?”, se pregunta.
Actualmente, las personas sí se pueden cambiar libremente de administrador, pero la inercia y la poca educación financiera y previsional evita que exista esa movilidad, señala Charme. De esta manera, cree el experto, “la solución más sensata pareciera ser un programa serio de educación previsional que quizás en el mismo tiempo, y sin riesgos legales y constitucionales, podría lograr el mismo objetivo que una licitación de afiliados antiguos”, concluyó Charme.
