El 11 de junio se produjo un episodio que ha dejado al descubierto vulneraciones graves de derechos humanos en el Liceo Bicentenario Politécnico Manuel Montt de Victoria, La Araucanía. Tres estudiantes mapuche, todos de 14 años, fueron acusados de robar un teléfono celular por la directora del establecimiento, Luz Angélica Arévalo Muñoz. Según el relato del padre de uno de los niños, We Liwen Curamil, estos menores fueron interrogados por Carabineros sin la debida autorización de sus padres y fueron esposados antes de ser trasladados a la comisaría, donde permanecieron incomunicados durante cinco horas. Este procedimiento, que posteriormente se reveló infructuoso ya que el teléfono fue encontrado y devuelto por la directora, ha generado un fuerte clamor en la comunidad sobre la gravedad de la situación.
La respuesta de la comunidad educativa y de los ciudadanos en general fue inmediata. Cientos de personas comenzaron a exigir la destitución de la directora Arévalo y la apertura de sumarios contra los carabineros involucrados. Críticas radiales y por redes sociales apuntaron a la falta de investigación adecuada antes de criminalizar a los jóvenes. María Eugenia Arroyo expresó que la directora debió haber actuado con más responsabilidad, mientras que Myriam Arias destacó la clara violación de derechos por parte de los Carabineros, quienes, según ella, conocían y ignoraron las normativas que protegen a los menores en estos casos.
Al conocerse que We Liwen Curamil es hijo de Alberto Curamil, un reconocido lonco y defensor del medio ambiente galardonado en 2019, la situación cobró aún más relevancia. Curamil padre relató que su hijo solo deseaba continuar su educación en mecánica industrial y denunció que la actuación del liceo y de la policía se basó en estereotipos raciales hacia su familia. El escándalo se intensificó cuando un video, donde We Liwen compartía su dolorosa experiencia, se volvió viral, generando empatía y solidaridad entre diversos sectores de la sociedad.
A pesar de la presión social y de las denuncias, hasta el momento ni el DAEM de Victoria ni el municipio han emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente. Carabineros, por su parte, se defendió insinuando que los menores hablaron de manera voluntaria, aunque testigos del hecho afirman que los niños fueron sometidos a procedimientos coercitivos durante el interrogatorio. Ante la creciente indignación, el Ministerio Público ha iniciado una investigación, mientras que organizaciones defensoras de derechos humanos claman por la pronta sanción de los responsables.
El caso del Liceo Bicentenario Politécnico Manuel Montt ha levantado serias interrogantes sobre la gestión institucional y los protocolos de protección de menores ante situaciones de conflicto. A más de una semana del incidente, se han anunciado marchas en Victoria, exigiendo reformas en la actuación policial hacia los menores y la capacitación en derechos humanos para el personal educativo. La familia Curamil se mantiene firme en su búsqueda de justicia, manifestando que no permitirán que el caso entre en la impunidad, en un contexto donde la violencia institucional hacia niños mapuche ha sido una preocupación constante en el país.
