En medio de un ambiente de elevada tensión, este lunes se dio inicio al proceso de desalojo de la megatoma situada en el cerro Centinela de San Antonio, como fue anunciado previamente. Esta medida, que obedece a una orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, afecta a más de dos mil familias, comenzando con un primer grupo de entre 1,900 y 2,000 viviendas que no están incluidas en el plan habitacional propuesto. Desde las primeras horas de la mañana, zonas como la Plaza de los Corazones se convirtieron en focos de un imponente despliegue policial, con Carabineros equipados para el Control de Orden Público, quienes utilizaron carros lanzaaguas y lanzagases para llevar a cabo el procedimiento, enfrentándose a la resistencia de los pobladores que se manifestaron con barricadas y actos de oposición.
Los incidentes no tardaron en registrarse, evidenciando la tensión del operativo. Durante las primeras horas, pobladores intentaron bloquear el avance de las fuerzas policiales, obstaculizando las vías con diversos objetos y barricadas. A pesar de la resistencia, la general Patricia Vásquez, jefa de la V Zona, afirmó que hasta el momento no se habían realizado detenciones durante las confrontaciones. Las intenciones de los pobladores de resistir el desalojo estaban claras, como lo indicó Jorge Pérez, uno de los líderes comunitarios: “La resistencia va a ir, porque ha habido muchas mentiras por parte del Estado. Aquí se va a resistir hasta el final.”
El operativo, que ha sido planificado para extenderse durante varios meses, comenzó a las 07:15 horas y se llevará a cabo de manera gradual, afirmaron las autoridades. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, destacó que el proceso de desalojo requerirá un ajuste diario según la disponibilidad de albergues temporales y la evaluación del avance del mismo. Riquelme explicó que el avance está programado para realizarse cada tres días, con días de descanso, reflejando que la rotación de familias a albergues podría dilatarse considerablemente.
Desde el gobierno central, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se pronunció sobre la magnitud del desalojo, describiéndolo como “el proceso de desalojo más amplio que se ha realizado en nuestro país”. Por motivos de seguridad, las autoridades prefirieron no hacer públicos los detalles operativos anticipadamente, dado que revelaciones anteriores habían complicado procedimientos similares. Elizalde envió un claro mensaje a los ocupantes indicando que debían abandonar las áreas ocupadas, o de lo contrario, la fuerza pública intervendría como ha sucedido en circunstancias similares en el pasado. Este desalojo se inscribe dentro de un marco judicial establecido y forma parte del “Plan Habitacional Cerro Centinela”, que contempla la expropiación de importantes áreas para el desarrollo de viviendas formales.
Precediendo al operativo, se presentó un recurso de protección con carácter urgente buscando frenar el desalojo, argumentando que sería ilegal y arbitrario. La acción fue impulsada por una pobladora que, sin asistencia legal, sustentó su demanda al haber habitado una de las parcelas de forma continua durante más de tres décadas. Mientras las máquinas y fuerzas del orden avanzan, la incertidumbre se cernía sobre las más de dos mil familias afectadas. A pesar de que se señala que el desalojo puede ser el primer paso hacia una solución habitacional definitiva, la prolongada duración del proceso y la limitada capacidad de albergue temporal perfilan un panorama complicado para aquellos que, desde hoy, enfrentan la pérdida de sus hogares en el cerro Centinela.
