La Asociación Americana de Juristas (AAJ) ha alzado su voz ante la comunidad internacional para denunciar la detención ilegal del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, advirtiendo sobre el riesgo vital que corre debido al trato cruel e inhumano que recibe en el sistema penitenciario de Ecuador. En su declaración, la AAJ, que cuenta con estatus consultivo ante el ECOSOC y una representación permanente ante la ONU, enfatiza que Glas ha cumplido íntegramente las condenas impuestas en su contra en los casos Odebrecht y Sobornos desde el 2 de octubre de 2025, por lo que no existe justificación legal para su continua privación de libertad.
La AAJ señala que, a pesar de haber cumplido todas las condenas, Jorge Glas permanece encarcelado en el caso de «Reconstrucción de Manabí», sin que se le haya notificado la sentencia de primera instancia, lo que contraviene sus derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este contexto crea un ambiente propicio para abusos y arbitrariedades, afectando gravemente la integridad del exvicepresidente, quien no ha sido informado adecuadamente sobre la situación legal que enfrenta.
La situación de salud de Glas es particularmente alarmante, tal como lo indica un Informe de Valoración Médica Integral emitido el 22 de diciembre de 2025. Este documento detalla un deterioro físico severo, incluyendo desnutrición, anemia y falta de atención médica mínima, lo que exige su hospitalización inmediata. La AAJ responsabiliza al Estado ecuatoriano por la salud y bienestar de Jorge Glas, demandando el cumplimiento urgente de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El informe de la AAJ también destaca que el trato que recibe Jorge Glas en prisión podría considerarse en condiciones de trato cruel, inhumano y degradante, lo que representa una grave violación de sus derechos humanos. Además, se menciona la violación sistemática del derecho a la defensa por la falta de confidencialidad en las comunicaciones con sus abogados, evidenciando un patrón preocupante de violaciones a los derechos fundamentales de los detenidos en Ecuador.
Finalmente, la AAJ hace un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie sobre estas incongruencias legales y el uso del sistema penal para atacar adversarios políticos, planteando que estas acciones constituyen una forma de persecución política. La asociación reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y denuncia lo que considera violencia institucional estructural, instando a las autoridades ecuatorianas a rectificar esta situación de manera inmediata y efectiva.
