El presidente José Antonio Kast ha activado medidas que impactarán directamente a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), generando preocupación entre más de 550 mil personas en situación de morosidad. La Tesorería General de la República (TGR) anunció que desde el lunes 6 de abril se inició el proceso de cobro administrativo y judicial contra estos deudores, dando así cumplimiento a uno de los aspectos de su polémico «Plan de Reconstrucción Nacional» presentado el 14 de marzo, que contempla hacer frente a los daños ocasionados por los recientes incendios forestales en la zona centro-sur del país.
El plan de Kast ha suscitado controversia debido a que, además de abordar la reconstrucción económica, también incluye un enfoque estricto hacia el cobro de deudas del CAE, un sistema que muchos estudiantes utilizaron para financiar su educación superior. Según el mandatario, esto es parte de una estrategia para fortalecer la persecución financiera de aquellos que no cumplen con sus obligaciones, justificando que es necesario para contener el gasto público y asegurar la sostenibilidad de las finanzas nacionales. La deuda del CAE, que se proyecta ascienda a $4 billones en 2025, ha crecido de manera alarmante, multiplicándose por ocho en solo siete años.
La TGR ha estructurado el proceso de cobro de manera que quienes tengan ingresos superiores a 5 millones de pesos mensuales se verán afectados por acciones judiciales inmediatas, sin la posibilidad de acceder a convenios de pago. Esto significa que medidas como el embargo de bienes o la retención de fondos en cuentas bancarias se pueden implementar a partir del inicio de los juicios ejecutivos. El comunicado de la TGR dejó claro que estas acciones son parte de un esfuerzo por promover la regularización de las deudas, lo que ha generado una ola de incertidumbre entre los deudores que enfrentan una situación económica crítica.
Por otro lado, los deudores cuyos ingresos sean inferiores a 5 millones de pesos podrán acceder a convenios de pago, siempre y cuando su deuda sea igual o superior a 1 UTM, después de registrar sus situaciones a través de la plataforma habilitada por la TGR. Este sistema busca facilitar las negociaciones para quienes enfrentan dificultades económicas y desean regularizar su situación financiera. Sin embargo, la aplicación de estos convenios es limitada y no todos los morosos tendrán la oportunidad de acceder a ellos, lo que ha generado una crítica hacia la judicialización del cobro.
Finalmente, se contempla el caso de los morosos que residen en el extranjero, quienes tienen la opción de gestionar su convenio de pago de manera remota, siempre que cumplan con los requisitos documentales establecidos. La decisión de Kast de perseguir financieramente a los deudores del CAE, junto con la restricción de beneficios como la gratuidad universitaria, ha sido objeto de fuertes críticas por ser vistas como medidas de austeridad fiscal que afectan al acceso a la educación, especialmente para aquellos que necesitan mayor apoyo en este aspecto.
