El sistema político chileno enfrenta un nuevo cuestionamiento por la controversia en torno a la percepción de la dieta parlamentaria por parte de los diputados desaforados, quienes, a pesar de no poder ejercer sus cargos ni participar en votaciones, continúan recibiendo su salario. Desde el 4 de agosto, esta situación se ha agravado con la inclusión del diputado Miguel Ángel Calisto, del Partido Demócratas, en la lista de parlamentarios desaforados. Calisto fue suspendido de sus funciones por la Corte de Apelaciones de Coyhaique debido a una investigación por presunto fraude al fisco, y a pesar de la gravedad de los cargos, seguirá percibiendo más de siete millones de pesos brutos al mes, lo que genera un fuerte debate sobre la ética y el uso de los recursos públicos en un contexto de desconfianza hacia la política.
Uno de los casos más sonados es el de Catalina Pérez, quien fue desaforada por la Corte Suprema en abril tras ser acusada de un fraude al fisco vinculado a la fundación «Democracia Viva». La relación familiar de Pérez con el director de la fundación ha suscitado críticas sobre la adecuación de las políticas de transparencia y probidad en el uso de los recursos estatales. Estos incidentes han puesto en el centro del debate la cuestión de si los políticos que se encuentran bajo investigación deben recibir un sueldo, a pesar de que su capacidad de legislar se encuentra suspendida, mostrando un sistema que parece proteger más a los legisladores que a los ciudadanos que representan.
La situación de otros legisladores también es preocupante. El diputado Mauricio Ojeda, del Partido Republicano, se encuentra en una situación similar, con su desafuero ratificado en septiembre por su vinculación con el «caso Manicure». Ambos casos, el de Pérez y Ojeda, ponen de manifiesto una red de influencias y posibles irregularidades en la gestión de proyectos públicos, lo que alimenta la sensación de impunidad entre los políticos. Del mismo modo, los casos de figuras como Francisco Pulgar, acusado de violación, y María Luisa Cordero, desaforada por injurias, evidencian que el desafuero no se limita a problemas de corrupción, sino que también abarca delitos graves que atentan contra la integridad de menores.
La senadora Fabiola Campillai ha tomado la iniciativa de cuestionar esta situación, proponiendo la anulación de la dieta parlamentaria para aquellos que se encuentren desaforados. Según ella, es inadmisible que se continúen pagando salarios a quienes no están realizando el trabajo por el cual fueron elegidos. Su propuesta ha generado una ola de apoyo popular y ha reavivado el debate sobre la rendición de cuentas y la dignidad del cargo de los políticos. En medio de esta discusión, la pregunta persistente es por qué el sistema permite que se sigan utilizando fondos públicos para remunerar a funcionarios en situaciones comprometedoras.
A pesar de los esfuerzos para modificar esta situación, el proyecto de ley que busca suspender la dieta a parlamentarios desaforados se encuentra estancado en el Congreso. Esta inacción legislativa genera mayores inquietudes entre la población, que exige un cambio urgente en las normativas que regulan el funcionamiento de la clase política. La necesidad de reformar el sistema y garantizar una mayor transparencia en la gestión pública es cada vez más evidente, especialmente cuando se observan casos que manchan la imagen de la política y generan desconfianza en los ciudadanos.
