En una reciente entrevista ciudadana, Víctor Orellana, Subsecretario de Educación Superior, expuso las prioridades de su gestión a pocos meses de concluir el mandato del gobierno actual. En diálogo con Javier Pineda, Orellana hizo hincapié en la urgencia de modernizar la educación superior y el inminente proyecto de ley que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE). Detallando una agenda que se proyecta hasta marzo de 2026, el subsecretario señaló que el foco está en garantizar que la educación no se convierta en una carga financiera, permitiendo a los estudiantes formarse sin el temor a acumular deudas exorbitantes.
A lo largo de la entrevista, Orellana reflexionó sobre la implementación de la gratuidad en la educación superior, destacando que, aunque ha sido objeto de críticas, ha beneficiado a más de 600,000 estudiantes en el sistema. No obstante, el subsecretario reconoció que aún queda mucho por hacer, especialmente para aquellos estudiantes de clase media que no tienen acceso a la gratuidad. En este sentido, mencionó que se están formulando políticas que integren la expansión y fortalecimiento de las instituciones públicas, asegurando que la educación sea un derecho accesible y no un mero negocio.
Otro punto crítico abordado por Orellana es la necesidad de formar más profesionales en áreas de alta demanda, como la medicina. Actualmente, los programas de formación de médicos son considerados elitistas, y el subsecretario indicó que se están implementando planes para abrir nuevas carreras de medicina en universidades estatales de diversas regiones. Respondiendo a este desafío, la idea es formar a los profesionales directamente en sus comunidades, alineando la oferta educativa con las necesidades del desarrollo local y nacional.
En cuanto a la educación técnica, Orellana evaluó positivamente la creación de centros de formación técnica (CFT) en regiones donde antes no había posibilidad de acceso a la educación superior. Con un incremento de matrícula que ha alcanzado los 18,000 estudiantes en los CFT estatales, el objetivo es ampliar esta cifra a 25,000 para el cierre del gobierno. A su vez, se prevé enviar una propuesta al Parlamento para modernizar estos centros, buscando robustecer su rol como actores clave en la formación técnico-profesional del país.
Por último, el Subsecretario enfatizó las características del nuevo sistema que reemplazará al CAE, que incluirá una condonación parcial de deudas y un enfoque en la retribución proporcional a los ingresos de los egresados. A diferencia de los créditos tradicionales, este modelo busca dar tranquilidad a los deudores y promover una educación sin cargas económicas abrumadoras. El gobierno confía en que este enfoque será bien recibido en el Congreso, a pesar de las críticas de algunos sectores que ven en este proyecto una amenaza para las instituciones educativas. Orellana dejó clara su intención de transformar la educación superior en Chile, enfatizando que se está trabajando para hacer realidad un legado de justicia social y accesibilidad educativa.
