Un informe internacional ha revelado que el asesinato de Berta Cáceres, una destacada líder indígena y defensora de derechos humanos, fue financiado con fondos desviados de préstamos otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el banco holandés FMO a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). Este hallazgo, presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe final, expone la compleja trama que rodeó el crimen ocurrido en 2016, que indignó a la comunidad internacional y puso de relieve las violaciones a los derechos humanos en Honduras.
La investigación del GIEI, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mostró cómo una red criminal dentro de DESA desvió un 67% de más de 18.5 millones de dólares de los préstamos mencionados, reorientando estos recursos hacia actividades ilegales. Los fondos no solo fueron utilizados para ejecutar el plan de asesinato de Cáceres, sino que también financiaron una sistemática campaña de espionaje, hostigamiento y sobornos para desestabilizar al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), presidido por Cáceres.
A pesar de que ocho personas han sido condenadas por su participación en el caso, entre ellas el exdirector ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo, el informe destaca la falta de progreso en la captura de Daniel Atala Midence, el principal sospechoso y supuesto autor intelectual del asesinato. Atala, quien pertenece a la familia propietaria de DESA, permanece prófugo de la justicia, lo que pone de manifiesto la ineficiencia de las autoridades hondureñas para investigar a todas las partes involucradas en el delito, incluidos altos ejecutivos de la corporación.
El GIEI evidencia que el desvío de fondos no solo estuvo destinado al asesinato de Cáceres, sino que también permitió la infiltración de intereses ilícitos en proyectos de inversión, vinculando incluso a algunos ejecutores de este crimen con el narcotráfico. Además, se documentaron graves violaciones al debido proceso en la investigación criminal, tales como la creación de narrativas falsas, la manipulación de pruebas, y el hostigamiento a testigos, lo que ha contribuido a un entorno de impunidad y desconfianza en el sistema judicial hondureño.
Ante estos alarmantes hallazgos, el GIEI y la CIDH han hecho un llamado urgente al Estado de Honduras para que inicie una serie de acciones concretas que incluyan investigar y sancionar a todos los responsables, revocar la concesión del proyecto Agua Zarca, y establecer un plan de reparación integral para la familia Cáceres y la comunidad afectada. La CIDH ha manifestado su compromiso de seguir de cerca este caso a través de los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sobrando en la esperanza de que la justicia finalmente prevalezca.
