La Compañía de Jesús en Chile ha admitido recientemente que, aunque en algunos casos no se logró alcanzar la «certeza moral» requerida por el proceso canónico, sí se identificaron conductas de su sacerdote Felipe Berríos que «transgredieron límites y provocaron daño». Esta declaración surge en el marco del proceso formal que busca su salida oficial de la orden religiosa, tras la solicitud de dimisión hecha por el propio Berríos. Este caso, que ha mantenido a la comunidad católica chilena en estado de alerta desde mayo de 2022, se encuentra en una nueva fase, ya que el provincial de los jesuitas, padre Juan Cristóbal Beytía, ha decidido remitir los antecedentes a la Curia General en Roma para que inicie el proceso administrativo correspondiente conforme al derecho canónico.
A través de un comunicado, la Compañía de Jesús explicó los protocolos activados ante las denuncias de abusos, que afectan a menores y personas en situación de vulnerabilidad. Estos protocolos son de conocimiento público y se aplican siempre con criterios de «imparcialidad, rigor y autonomía». Las medidas adoptadas en relación con el sacerdote Berríos se basaron en los informes obtenidos durante dos instancias formales de investigación llevadas a cabo por expertos independientes. La orden religiosa subrayó su compromiso con la verdad, la justicia y la protección de las personas vulnerables, enfatizando que no tolerarán comportamientos que dañen a individuos o a la confianza en la comunidad.
El caso de Felipe Berríos es emblemático debido a su destacado trabajo en comunidades vulnerables en Chile, donde fue conocido por su labor social. Sin embargo, su prestigio se ha visto empañado tras las acusaciones de ocho delitos de índole sexual que surgieron en abril de 2022. Investigaciones previas, conducidas por la abogada María Elena Santibáñez, encontraron indicios de verosimilitud en las denuncias. Posteriormente, las conclusiones fueron enviadas a Roma, donde se dictó la sanción que culminó con la expulsión del sacerdote de la Compañía de Jesús tras un largo proceso canónico que culminó en mayo de 2024.
A pesar de la condena interna de la orden religiosa, las decisiones judiciales han sido menos contundentes. En junio de 2023, el 34° Juzgado del Crimen de Santiago decretó el sobreseimiento del sacerdote, aunque se reconoció un hecho de abuso sexual previo a la ley vigente. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó esta decisión en diciembre de 2025, alegando que las acciones habían prescrito bajo la normativa del año 2000. Esta serie de resoluciones judiciales subraya la complejidad del caso, donde las instancias canónicas y civiles parecen estar en direcciones divergentes.
Felipe Berríos se ha manifestado satisfecho con la resolución judicial, defendiendo su inocencia y criticando el procedimiento canónico por considerarlo falto de garantías de un debido proceso. En su opinión, las acusaciones en su contra fueron resultado de una denuncia engañosa presentada por la Fundación para la Confianza. A medida que la Compañía de Jesús avanza en los trámites para formalizar su desvinculación definitiva de la orden, la historia de Berríos continúa desatando debates sobre la justicia y la responsabilidad dentro de la Iglesia Católica en Chile, un conflicto que ha puesto en relieve la necesidad de reformas dentro de las instituciones religiosas ante casos de abuso.
