La reciente investigación publicada por la Fundación Terram, dirigida por Maximiliano Bazán, ha sacado a la luz una alarmante situación en la industria salmonera chilena. Entre 2013 y 2023, 31 empresas del rubro han recibido más de $28 mil millones en subsidios a la mano de obra, mientras que múltiples irregularidades han salido a la luz respecto a la legalidad de estos beneficios. El estudio, difundido a través de CIPER Chile, revela que 13 de estas firmas obtuvieron de manera ilegal $183 millones en subsidios entre 2014 y 2023, los cuales se destinaron a cubrir la compensación de 868 trabajadores que no cumplían con los requisitos establecidos por la Ley 19.853.
La Ley 19.853 establece criterios claros para la obtención de subsidios, tales como la residencia permanente de los trabajadores en zonas extremas y un salario mínimo superior en un 20% al estipulado. Sin embargo, la Tesorería General de la República (TGR) ha encontrado que, de 39 resoluciones revisadas, 34 registros de las salmoneras contenían empleados que no cumplían con estos requisitos, incluyendo a aquellos que no residían en la región, que estaban desvinculados o que recibían sueldos por debajo de lo estipulado. Solo dos empresas se libraron de irregularidades, lo que plantea serias dudas sobre el control y fiscalización de este tipo de subsidios.
A pesar de la magnitud de las acusaciones de fraude al fisco, la TGR se ha limitado a exigir la devolución de los fondos sin remitir ningún caso al Ministerio Público. En su defensa, la entidad comunicó que no se ha visualizado la comisión de delitos dolosos, lo que contradice el Artículo 2° de la Ley 19.853, que describe como delito obtener subsidios a través de trabajadores que no existen o que no residen en la zona habilitada. Esta situación ha sido objeto de críticas, dado que la TGR ha admitido que ha realizado un número muy limitado de fiscalizaciones en la última década, generando preocupación sobre la eficacia de sus controles.
Maximiliano Bazán enfatiza que la normativa vigente permite que las empresas presenten declaraciones juradas que son aceptadas como verídicas sin mayores comprobaciones. Esto, sumado a una circular interna de 2018 que instruye la aplicación de sanciones por obtención maliciosa de subsidios, revela una aparente contradicción en la actuación del organismo estatal. Además, se han detectado casos de trabajadores que residen en regiones distantes y salarios que no cumplen con los mínimos establecidos, lo que sugiere una posible intencionalidad por parte de las empresas para defraudar al fisco.
La gravedad de la situación es acentuada por el hecho de que los delitos de fraude al fisco prescriben a los cinco años, lo que deja abierta la posibilidad de judicializar casos recientes. Bazán destaca que todos los subsidios otorgados posterior a agosto de 2020 aún podrían ser objeto de investigación penal, con penas que pueden alcanzar hasta cinco años de cárcel. A nivel nacional, el sistema ha destinado $349.287 millones en subsidios en los últimos cinco años, generando interrogantes sobre la funcionalidad y el propósito de estas ayudas en una industria que debería fomentar el empleo local estable en las zonas extremas.
