En un giro inesperado de los acontecimientos en la región de Aysén, el Gobernador Regional, Marcelo Santana Vargas, ha decidido avanzar con la votación de los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO) sin consultar a las comunidades indígenas Pu Wapi y Antünen Rain, cuyo reclamo había sido respaldado por un fallo de la Corte Suprema. Esta sentencia, emitida el 11 de noviembre de 2025, había declarado como «arbitrarias e ilegales» las negaciones previas de las solicitudes de las comunidades, subrayando la necesidad de un pronunciamiento fundamentado y apegado a la ley. Sin embargo, a penas unos días después de la notificación de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, el Gobernador anunció la realización de una votación de manera apresurada, una acción que ha generado el descontento de las comunidades afectadas.
Los abogados de las comunidades denunciaron que esta votación fue convocada sin el debido proceso de notificación, lo que viola claramente la Ley N°19.880 sobre procedimientos administrativos. En una carta formal enviada al Gobernador, se argumentó que la falta de notificación colocaba a las comunidades en una situación de indefensión, contraviniendo el mandato judicial que exigía un riguroso apego a la normativa vigente. La aceleración del proceso, lejos de garantizar un diálogo inclusivo e intercultural, cerró las puertas a la posibilidad de una participación activa de los pueblos originarios en la toma de decisiones sobre sus territorios.
Asimismo, este acontecimiento ha sido criticado por su capacidad de intensificar un conflicto que se buscaba resolver mediante un enfoque colaborativo. Las comunidades indígenas habían estado trabajando en una propuesta de modificación de polígonos, buscando conciliar sus derechos con otros intereses regionales en consonancia con el Convenio 169 y la Agenda sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Sin embargo, la negativa del Gobernador a suspender la votación para permitir el diálogo ha sido interpretada como un incumplimiento de la orden judicial y un claro desprecio por el deber del Estado de cooperar de buena fe con las comunidades indígenas.
La decisión de Santana de actuar unilateralmente se alza como un claro desafío al principio de interculturalidad que debe guiar la interacción entre el estado y los pueblos originarios, principio que fue destacado por la Corte Suprema al elaborar su sentencia. Las comunidades, que ya habían manifestado su disposición para un proceso de diálogo en la búsqueda de soluciones que beneficiaran a todas las partes involucradas, se encuentran ahora ante un obstáculo que amenaza tanto sus derechos como su identidad cultural.
Este desarrollo en Aysén no solo tiene repercusiones locales sino que también pone en evidencia la falta de coherencia entre la legislación que reafirma los derechos indígenas y la práctica diaria de las autoridades. La contradicción entre el fallo de la Corte Suprema, que amplía las garantías para los pueblos originarios, y las acciones del Gobernador, que las restringe, evidencia la brecha que persiste en Chile entre el reconocimiento legal y su implementación efectiva. Este episodio se erige como un reflejo crítico de los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas en su lucha por el respeto pleno de sus derechos y territorialidad.
