La situación laboral de los ex trabajadores de la multitienda Corona se ha tornado crítica tras el cierre de la empresa en 2025. Un grupo de 38 profesionales informáticos ha denunciado el impago de sus finiquitos y la retención indebida de impuestos, lo que ha desencadenado acciones legales contra el holding de la familia Schupper. Los afectados se vieron obligados a aceptar pagos en cuotas, que dejaron de abonarse en septiembre, dejando en suspenso el destino de fondos que la compañía había descontado de sus salarios para cumplir con obligaciones tributarias, pero que nunca fueron entregados a las autoridades fiscales. La incertidumbre y la angustia se han apoderado de quienes dedicaron años de trabajo a la empresa.
Según el abogado de los ex trabajadores, Matías Berríos, la situación es alarmante. «Presentamos la querella por incumplimiento de pago, ya que sabemos que los montos correspondientes al impuesto único de segunda categoría fueron retinidos, pero nunca entregados a la administración tributaria», aseguró. Esta situación ha dejado a los ex empleados en una especie de limbo financiero y profesional, con promesas incumplidas y deudas acumuladas que afectan su bienestar y sustento. Algunos de los afectados contaban con más de 36 años de servicio en la empresa, y ahora se enfrentan a una realidad desoladora.
A la grave problemática se suma el contraste entre la situación financiera de la familia Schupper y la angustia de los ex trabajadores. A pesar de que el patrimonio del holding podría superar los 80 millones de dólares, los empleados denunciaron haber experimentado meses de angustia sin ingresos. Durante la pandemia, muchos aceptaron rebajas salariales que nunca fueron compensadas, y ahora se sienten despojados de sus derechos laborales básicos después de décadas de dedicación. Berríos subraya la inaceptable falta de respuesta por parte de los ejecutivos que firmaron los finiquitos, quienes han eludido cualquier intento de comunicación por parte de los trabajadores.
La defensa de los ex trabajadores ha presentado tres demandas clave: por no pago de finiquitos, despido injustificado y unidad económica. Esta última es particularmente importante, dado que busca que todas las empresas del conglomerado respondan por las deudas laborales, debido a la interdependencia que existía en el funcionamiento de la cadena. A medida que se desarrollan los procesos legales, se ha reportado un estancamiento en la venta de un centro de distribución valorado en 20 millones de dólares, lo que indica que las dificultades financieras del grupo empresarial podrían ser más profundas de lo que se presume.
Por su parte, potenciales compradores como Canon y Grupo Patio han decidido no participar en negociaciones por el temor a embargos judiciales sobre la firma. Mientras tanto, los ex trabajadores continúan en su lucha por obtener lo que les corresponde y por hacer que el clan Schupper cumpla con sus obligaciones. Para ellos, esta es la única vía para presionar a un grupo familiar que, asegura, les ha dado la espalda en el momento de mayor necesidad.
