Desde el año 2016, la comuna de Penco ha sido un escenario de advertencias sobre la alarmante cercanía de plantaciones forestales con áreas residenciales. En un emotivo discurso, el entonces senador Alejandro Navarro alertó sobre esta «bomba de tiempo» al señalar que las plantaciones estaban ubicadas a menos de diez metros de las casas. Con su propuesta de ley, presentada en 2014, se buscaba establecer una franja de seguridad de 500 metros entre las plantaciones y los poblados, así como fomentar cultivos de bajo riesgo para prevenir incendios forestales. A pesar de las advertencias y la preocupación mostrada durante años, la situación ha derivado en tragedias que ya han cobrado vidas y destruido hogares en la región.
El exsenador Navarro ha manifestado su dolor tras las recientes catástrofes y ha lamentado que sea necesario experimentar tragedias para que exista la posibilidad de regular la plantación de especies altamente combustibles. El proyecto presentado por él, que no buscaba la expropiación de tierras, sino una regulación efectiva, ha sido ignorado por el Congreso, llevando a un estancamiento que hoy resulta desolador. En su intervención, Navarro reiteró que si se hubiesen implementado las recomendaciones de su proyecto, muchas de las destrucciones actuales podrían haberse evitado.
La historia legislativa del proyecto es un triste reflejo de inacción. Desde su propuesta original en diciembre de 2014, la iniciativa fluía sin rumbo y, tras una refundición con un moción más estricta en 2016, simplemente se estancó en la Comisión de Agricultura del Senado. A lo largo de los años, a pesar de los múltiples llamados a tramitar el proyecto, incluido un insistente Navarro que exigió urgencia tras los incendios de 2018, la respuesta del Senado ha sido el silencio. Eventualmente, el proyecto fue oficialmente archivado en junio de 2024. Este ciclo de promesas vacías sin seguimiento ha dejado a las comunidades en una continua línea de peligro.
Además del proyecto sobre distancias de plantaciones, otras iniciativas que forman parte de un paquete legislativo vital siguen enfrentando obstáculos similares. Incluyen propuestas que obligan a las empresas forestales a tener planes de prevención de incendios, así como financiamiento para juntas de vecinos rurales que deseen actuar como brigadas preventivas. Esta inacción legislativa no solo atenta contra la seguridad de las comunidades, sino que también subraya una profunda desconexión entre los intereses económicos del sector forestal y la protección del bienestar ciudadano.
El caso de Penco evidencia un problema más amplio en la política forestal de Chile, la cual ha sido construida sobre un modelo desregulado que prioriza el lucro empresarial por encima de la seguridad de las personas. En palabras de Navarro, las repetidas tragedias son «prevenibles» y reflejan una «omisión premeditada» de responsabilidades sobre las empresas proveedoras del material que alimenta los incendios. Mientras el Estado subsidia seguros para las grandes empresas forestales, la población queda desprotegida y continúa expuesta a desastres devastadores. El futuro de la seguridad en estas comunidades depende de un cambio legislativo urgente y de un compromiso real por parte de las autoridades políticas.
