Este jueves, la Fiscalía anunció que no existen antecedentes suficientes para imputar delitos a Irina Karamanos en el marco de la investigación del caso ProCultura. Esta decisión se produce luego de que la socióloga entregara su declaración pública en noviembre del año pasado, en la que aclaraba su situación ante el Ministerio Público. Karamanos destacó que había comparecido en calidad de imputada, desestimando de manera categórica las acusaciones en su contra de haber realizado transferencias de dinero, las cuales calificó como «falsas». Su testimonio fue crucial para ayudar a esclarecer los hechos y su voluntad de acudir a la Fiscalía de La Serena se enmarcó en un contexto de imputaciones que consideraba injustas e infundadas.
Las revelaciones sobre este caso se intensificaron tras el levantamiento del secreto de la investigación sobre ProCultura, actividad que, según reportes de CNN Chile, investiga supuestos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y apropiación indebida. Este caso ha cobrado particular relevancia en el contexto del denominado Caso Convenios, donde se señalan posibles irregularidades en la gestión de recursos públicos en diferentes gobiernos regionales del país. Un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) indicó que la Fundación ProCultura, dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín, recibió un notable aumento de fondos fiscales en 2022, lo cual ha despertado alarmas sobre la administración de dichos recursos.
En esta nueva fase de la investigación, los abogados de Karamanos solicitaron acceso a la carpeta investigativa; sin embargo, su petición fue denegada por la Fiscalía. Esto se debe a que, tras la resolución de la Fiscalía, Karamanos dejó de ser considerada imputada y actualmente tiene la calidad de testigo. Esta decisión no solo marca un hito en el caso, sino que también le restringe el acceso a la información del proceso a la excoordinadora sociocultural, quien solo podrá consultar su propia declaración, ya que no es una interviniente directa en la causa.
La Fiscalía detalló que la modificación de la calidad procesal de Karamanos se fundamenta en la falta de pruebas que puedan vincularla con los delitos investigados. Con esta declaración, se pretende dejar claro que no hay elementos que sugieran una participación de Karamanos en los hechos en cuestión, lo que subraya la importancia de llevar a cabo un proceso investigativo riguroso. La decisión de la Fiscalía ha sido recibida con atención, ya que podría influir en la percepción pública sobre el caso ProCultura y la confianza en la institucionalidad.
Mientras tanto, el caso ProCultura sigue siendo objeto de análisis crítico, tanto por su conexión con la gestión de recursos públicos como por su impacto en la reputación de quienes han estado involucrados en la Fundación. A medida que se avanza en la investigación, se espera que otros actores y entidades sean llamados a declarar, lo que podría traer a la luz nuevos antecedentes sobre las prácticas de manejo de recursos fiscales en el país. La situación de Irina Karamanos, ahora en calidad de testigo, subraya los matices y complejidades del caso, que continúa capturando la atención de la opinión pública y de los medios de comunicación.
