En el corazón de las recientes controversias en La Reina se encuentra Javier Fano Ruiz, el jefe de gabinete del alcalde José Manuel Palacios, quien percibe una suma considerable de $2.401.285 mensuales solo por coordinar la agenda del edil. Sin embargo, sus ingresos no se detienen ahí. Fano también recibe un monto bruto de $2.740.480 en su función de «asesor legal de la administración municipal», totalizando más de $5 millones al mes. Esta situación ha llevado a la Fundación América Transparente a alertar sobre la posibilidad de un nuevo caso de corrupción en la comuna, resaltando la necesidad de mayor vigilancia sobre las remuneraciones en la administración pública.
La denuncia de la fundación se centra en las inconsistencias en la formación académica de Fano. Según los registros de transparencia, el jefe de gabinete tiene solo educación media completa, lo que contrasta con su designación en un rol que, según Lyon, exige una dedicación constante al alcalde. Además, se cuestiona su capacidad para desempeñar funciones legales, ya que ni siquiera cuenta con un título en derecho. Estas irregularidades despiertan la preocupación de que las estructuras de gobernabilidad en la comuna podrían estar siendo manipuladas para favorecer intereses personales.
Juan José Lyon, director de América Transparente, ha enfatizado que las irregularidades de Fano no son un caso aislado. Carece de informes mensuales que, aunque debería presentar como trabajador a honorarios, no aparecen en la plataforma de transparencia activa del municipio. Esta falta de documentación plantea serias dudas sobre la legalidad de su desempeño y revela un patrón de falta de control fiscal que podría estar perpetuando actos corruptos en la administración de La Reina y otras municipalidades.
El caso de Fano resalta un problema más amplio relacionado con las corporaciones municipales, que, según expertos, operan bajo normativas que facilitan las irregularidades. Las corporaciones pueden contratar bajo el Código del Trabajo, aplicando la ley de forma que evita el control horario, permitiendo así las contrataciones a honorarios sin una supervisión adecuada. Lyon señala que esta situación es preocupante, ya que abre la puerta a la corrupción al permitir contratos paralelos que escapan a la regulación tradicional, y muestra una falta de voluntad política para abordar esta problemática.
Con este contexto en mente, algunos parlamentarios han comenzado a impulsar legislaciones para regular las actividades de estas corporaciones municipales, buscando disminuir las brechas legales que actualmente permiten este tipo de prácticas. Lyon concluye que la inacción en la implementación de estándares más rigurosos es alarmante y subraya que la Contraloría ya ha dispuesto limitaciones sobre la simultaneidad de contratos. En este sentido, la situación de Javier Fano es emblemática de un sistema que requiere urgentemente reformas para asegurar mayor transparencia y ética en la administración pública.
