En 2022, el Gobierno de Gabriel Boric había prometido una nueva Ley General de Acuicultura, encarnando un compromiso con la transparencia y la sostenibilidad en la industria acuícola, especialmente enfocándose en la acuicultura de pequeña escala. Con la presentación del subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, el proyecto generó una oleada de expectativas a través de diversos talleres y diálogos organizados por la Subsecretaría de Pesca. Las consultas abarcaron distintas regiones, como Puerto Natales, Castro y Puerto Montt, donde se discutieron los múltiples desafíos que enfrenta el sector y se establecieron ocho pilares temáticos. Sin embargo, la ilusión de contar con un marco normativo robusto y transformador ha comenzado a desvanecerse.
La gran expectativa que se había generado con la propuesta se tornó en decepción cuando en mayo de 2025, durante una presentación ante la Comisión del Senado, Julio Salas anunció que la Comisión Nacional de Acuicultura (CNA) había tomado la decisión unánime de abandonar la idea de una ley general, decantándose por la implementación de «normas especializadas». Esta modificación del enfoque se traduce en un reajuste de prioridades, centrando los esfuerzos en la modernización de la gobernanza y la simplificación de trámites para relocalizaciones, dejando de lado los compromisos iniciales de una regulación más amplia y entendida.
La CNA, cuyo análisis y decisiones involucran a diversas entidades públicas y privadas, ha suscitado críticas por su composición. Con representantes de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Sernapesca y otros organismos estatales, junto a personeros de asociaciones salmoneras, su funcionalidad se pone en duda por muchos. La organización Defendamos Patagonia expresó su descontento, alegando que esta acción del gobierno representa una rendición a los intereses de la industria salmonera. Según ellos, lo que se ha cocinado es una ley «adaptada» a las necesidades del sector, despojando a la propuesta legislativa de un enfoque verdaderamente ambiental y justo.
Desde la perspectiva de diversos grupos ciudadanos y ambientalistas, el rumbo tomado por el gobierno es visto como una oportunidad perdida para reestructurar una industria frecuentemente ensombrecida por escándalos relacionados con la sobreproducción y el incumplimiento de normativas. Las voces críticas desde organizaciones costeras abogan por un consenso que contemple la salida de las salmoneras de la Patagonia, ejemplificando la desconexión entre las promesas del gobierno y las necesidades de protección del entorno marino. El descontento se ve acentuado por el hecho de que, en el último año de mandato, no exista voluntad política para reintegrar el debate sobre una ley general.
La renuncia a una Ley General de Acuicultura, tal como la prometida, ha levantado nuevas demandas ciudadanas que exigen una regulación centrada en la protección del mar y las comunidades costeras, no en beneficio de las grandes corporaciones. Este nuevo enfoque, que limita la legislación a gobernanza y relocalización, ha sido recibido con críticas que señalan la falta de atención a los problemas ambientales urgentes. Frente a la fuerte presión ejercida por la industria salmonera, desde la organización Defendamos Patagonia se concluye que se confunde el proceso de simplificación de trámites con la necesidad imperiosa de justicia ambiental, generando un clima de incertidumbre sobre el futuro de la acuicultura en Chile.
