En una firme declaración pública, diversas organizaciones y comunidades indígenas de los pueblos Mapuche, Chango, Kawésqar y Yagán, entre otros, han alzado su voz enérgicamente para exigir una rectificación a Televisión Nacional de Chile (TVN) en defensa de la Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche. Este cuerpo legal permite a los pueblos originarios que habitan las costas del país solicitar los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), resguardando sus usos consuetudinarios y la profunda relación histórica, cultural y espiritual que estos mantienen con el lafken (maritorio). Las comunidades reaccionaron particularmente ante un reportaje emitido el pasado 22 de marzo de 2026 en el programa «Informe Especial», que, según ellos, representa un nuevo intento de desacreditar sus herramientas legales ante el avance de intereses económicos, especialmente del lobby salmonero.
El núcleo de la controversia radica en la interpretación errónea que, según las comunidades, el reportaje de TVN hizo sobre la Ley Lafkenche. Este se presentó como una herramienta de exclusión en lugar de ser reconocida como un medio para proteger y resguardar los derechos de todos los actores de la costa, incluyendo la industria salmonera. Los representantes de estas comunidades sostienen que la ley fue aprobada prácticamente por unanimidad por parlamentarios de todas las tendencias políticas y su verdadero espíritu es promover el diálogo y la convivencia entre los distintos usos del territorio. Subrayan que la ley no es un instrumento de confrontación, sino una base para alcanzar acuerdos constructivos entre la pesca artesanal y otros intereses económicos.
Las organizaciones denuncian una manipulación informativa que no es nueva y que, de acuerdo con su declaración, busca perpetuar un estigma histórico hacia los pueblos originarios. Acusan que el reportaje se basa en acusaciones descontextualizadas y que transforma sospechas en verdades absolutas, generando un peligroso clima de hostilidad. Las comunidades advierten que este tipo de ataques serían parte de una vieja fórmula de desprestigio, similar a las estrategias utilizadas durante la «Pacificación de la Araucanía», un periodo en el que la narrativa oficial justificó el despojo de tierras indígenas, que aún hoy en día afectan gravemente sus territorios y modos de vida.
Otro aspecto crucial que levantan los firmantes es la asimetría de poder que existe entre los pueblos originarios y la industria salmonera. Mucho más que un interrogante, plantean la necesidad de esclarecer quién financia estas campañas sistemáticas en contra de la Ley Lafkenche, sugiriendo que detrás de ello hay intereses económicos que buscan deslegitimar las luchas de estas comunidades. A través de su comunicado, estas organizaciones retan a la industria salmonera y a los medios a aportar datos concretos sobre las acusaciones realizadas y a cuestionar cómo operan realmente dentro de los espacios costeros, dando lugar a un debate que debe ser basado en hechos y no en narrativas sesgadas.
Por último, los pueblos originarios expresan que la Ley Lafkenche no atenta contra el desarrollo, sino que busca establecer un orden en el uso del territorio costero, promoviendo un vínculo respetuoso con el medio ambiente. Insisten que el verdadero conflicto no radica en la ley, sino en el empoderamiento de las comunidades costeras que buscan gestionar sus propios espacios, lo que perturba a las grandes industrias que se benefician del extractivismo. Esta realidad se ve reflejada en su exigencia de que sean considerados en las discusiones sobre modificaciones a la ley, alegando que las reuniones se han hecho sin su consulta, lo que evidencia una profunda brecha entre el discurso institucional y las verdaderas realidades de las comunidades.
