El académico Juan Pablo Mañalich, penalista de la Universidad de Chile, ha generado un fuerte debate en torno al veredicto absolutorio en el caso de Gustavo Gatica, al afirmar que quienes sostienen que la Ley Naín-Retamal no tuvo impacto en la decisión judicial no han leído el fallo con la debida atención. En una reciente entrevista con Diario Radio UChile, Mañalich argumentó que la modificación de la normativa relacionada con el delito de apremio ilegítimo fue un factor crucial en la absolución del ex carabinero Claudio Crespo. Este análisis meticuloso invita a cuestionar la interpretación superficial que algunos han dado a este acontecimiento jurídico significativo.
Mañalich puso énfasis en que el razonamiento del tribunal, que consideró que Gatica había llevado a cabo una «agresión ilegítima, actual y potencialmente letal» durante una protesta, podría tener repercusiones alarmantes. El académico advierte que tal lógica no solo debilita la defensa de los derechos individuales, sino que también establece un precedentemente peligroso: justificar el uso de violencia por parte de las fuerzas policiales bajo la premisa de una amenaza general. Este enfoque, en su opinión, puede abrir la puerta a la violencia desproporcionada contra manifestantes, independientemente de la gravedad de los hechos.
El profesor Mañalich se mostró sorprendido de que estas implicancias no estuvieran siendo discutidas de forma más amplia, considerando el contexto actual de protestas masivas en Chile. «Imagínense que en una situación similar, con una mala interpretación de la ley, pudiéramos hablar de 200 manifestantes heridos de gravedad. El tribunal tendría que justificar la defensa de los funcionarios policiales en cada uno de esos actos de violencia», advirtió. Este argumento moral subraya la necesidad de un análisis crítico sobre cómo las decisiones judiciales pueden influir en el comportamiento policial y en la protección de los derechos humanos.
La controversia se intensifica al considerar la postura del ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien contrarrestó los argumentos sobre el impacto de la ley Naín-Retamal en el fallo. Cordero sentenció que la ley tiene un propósito bien específico y no está inconvenientemente asociada a la absolución de Crespo. Su llamado a esperar la sentencia final para que el Ejecutivo emita un juicio sobre el caso destaca el dilema que enfrenta el gobierno en relación con la legislación y su aplicación en circunstancias donde los derechos fundamentales están en juego. Esto sugiere que el debate sobre la ley continuará siendo un punto de discordia en la arena pública.
Finalmente, las declaraciones y análisis de Mañalich resaltan la urgente necesidad de revisar cómo se están interpretando y aplicando las leyes de uso de la fuerza en Chile. A medida que el país navega por un período lleno de tensiones sociales, es crucial asegurar que los derechos humanos y la protección de los manifestantes estén en el centro de la discusión. La advertencia del académico sobre las posibles consecuencias de esta caracterización judicial es un llamado a la reflexión para legisladores, activistas y la sociedad en su conjunto, sobre el impacto de las decisiones jurídicas en el civilismo y en la justicia.
