El ambiente laboral en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago ha emergido como un espacio tenso y conflictivo, descrito por algunos hasta como «una olla de grillos». Esto ha cobrado relevancia tras la reciente investigación contra Carlos Miranda Jiménez, líder del Registro de Hipotecas y Gravámenes, quien enfrenta graves acusaciones de maltrato laboral. La denuncia, presentada por el Sindicato N°1 del Conservador el 22 de agosto de 2024, surgió en medio de una huelga de cuatro días y un proceso de negociación colectiva que culminó en una crisis abierta dentro de la institución.
Los acontecimientos que llevaron a la investigación se intensificaron cuando Miranda interrumpió una reunión crucial entre los sindicatos y Francisco Barriga, el primer oficial del CBRS, de 82 años. En un episodio calificado como violento, Miranda entró a la sala claramente alterado y descalificó a Barriga como interlocutor válido, lo que generó un intercambio verbal y físico que forzó el cese de la reunión. Testigos del incidente informaron que Barriga quedó visiblemente afectado, rojo de vergüenza y angustia, lo que lo llevó a considerar renunciar, una solicitud que fue rechazada.
La Fiscal Ana María Hernández Medina, encargada del caso, diligentemente acreditó los hechos denunciados y las secuelas que sufrió Barriga como resultado del ataque verbal y físico. Su informe final, que ha sido presentado a la Corte de Apelaciones de Santiago, determina la responsabilidad de Miranda en actos de maltrato y acoso laboral, sucedidos el 21 de agosto. Aunque se propone una sanción de amonestación privada dado su historial limpio, la gravedad del asunto ha llevado a la fiscal a recomendar medidas para mejorar el ambiente laboral, sugiriendo que se recurra a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) para promover un buen trato entre los funcionarios.
El abogado defensor de Miranda, Matías Rodríguez, ha cuestionado la competencia de la fiscal y argumenta que la denuncia es un intento de desviar la atención de acusaciones anteriores que enfrenta Barriga por acoso laboral. Rodríguez ha insinuado que el momento de la denuncia coincide estratégicamente con la investigación en curso sobre Barriga, lo que plantea serias dudas sobre la integridad del proceso. Además, ha señalado que la filtración del expediente del caso a los medios de comunicación es un hecho grave que podría tener repercusiones legales en las instancias correspondientes.
Mientras la Corte de Apelaciones de Santiago se prepara para escuchar los alegatos de ambas partes, el clima de tensión y desconfianza en el Conservador de Bienes Raíces no hace más que crecer. La resolución del caso no solo influirá en el futuro de Miranda, sino también en la percepción del ambiente laboral en esta institución, donde los conflictos internos parecen estar alcanzando un punto crítico. La situación es aún más delicada considerando que empleados bajo condiciones de acoso y maltrato están en juego, lo que sugiere una necesidad urgente de revisar y reformar la cultura laboral dentro del Conservador.
