La Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial (OTJ) ha tomado un paso significativo al presentar una solicitud formal a la Corte Suprema, pidiendo la apertura de un sumario administrativo en contra de las ministras Adelita Ravanales Arriagada y María Gajardo Harboe. Esta denuncia surge en el contexto de un polémico contrato informático que supera los $472 millones, destinado a la modernización del Portal Unificado de Sentencias. La OTJ argumenta que dicho contrato fue adjudicado a la empresa Replai SpA en circunstancias altamente cuestionables, dado que la compañía apenas había sido constituida y carecía de la experiencia y respaldo financiero necesarios para operar en un proyecto de tal envergadura.
De acuerdo con los antecedentes presentados por la OTJ, ambas ministras desempeñaron un rol clave en la promoción del contrato ante el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). La organización sostiene que Ravanales y Gajardo se involucraron activamente en reuniones extraordinarias donde se discutió el proyecto, incluso facilitando la presentación de los representantes de la empresa beneficiada. Este tipo de participación ha sembrado dudas sobre la imparcialidad y la probidad que deben regir en la adjudicación de contratos públicos, lo que ha llevado a la OTJ a alegar que hubo un incumplimiento de la normativa de compras públicas.
Un aspecto alarmante que menciona la denuncia es la intención de ampliar el contrato original a montos que superarían los $1.000 millones en enero de 2024, una iniciativa que finalmente no tuvo éxito. Sin embargo, la OTJ señala que las denuncias internas sobre posibles irregularidades relacionadas con este intento de ampliación fueron seguidas de acciones que parecían tener como objetivo desincentivar la fiscalización. Este hecho ha generado preocupación sobre el ambiente de trabajo en el Poder Judicial y el manejo de las denuncias, dado que se alega que se promovieron investigaciones contra quienes denunciaron las irregularidades.
La denuncia de la OTJ también destaca la posibilidad de responsabilidades disciplinarias graves, que incluyen desde el incumplimiento de la normativa de compras públicas, hasta infracciones más serias como el uso indebido de influencias y el manejo imprudente de recursos públicos. La organización ha pedido que se aplique el máximo rigor de la ley en caso de comprobarse estas irregularidades, sugiriendo que las ministras deberían ser suspendidas mientras dura la investigación. Ello apunta a la necesidad de mantener la integridad y confianza en el sistema judicial, en momentos en que la transparencia es más crucial que nunca.
Finalmente, la OTJ ha solicitado ser notificada formalmente de las decisiones que adopte la Corte Suprema respecto a esta denuncia, enfatizando la importancia de la transparencia en este proceso. El caso pone de manifiesto las tensiones existentes en el Poder Judicial y la urgencia de fortalecer la ética y ciudadanía en la esfera pública. La posibilidad de que se pongan en jaque la reputación y el funcionamiento de instituciones judiciales evidencia la relevancia de mantener un estricto control sobre la adjudicación de recursos en el ámbito estatal.
