La reciente muerte de una ballena rorcual hembra en la Región de Aysén ha reavivado las preocupaciones en torno a la protección de la fauna marina en áreas que deberían estar a salvo de actividades humanas dañinas. El cetáceo, que medía aproximadamente 11 metros, fue hallado el pasado 30 de mayo en el Parque Nacional Laguna San Rafael. Este caso ha llevado al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) a abrir una investigación tras la denuncia presentada ante la Fiscalía Regional de Aysén, con la esperanza de determinar las causas de la muerte y deslindar responsabilidades, especialmente dado el contexto de cercanía a un centro de cultivo salmonero.
Las autoridades han indicado que, aunque la ballena estaba en avanzado estado de descomposición, es preocupante que este tipo de incidentes se repita en áreas cercanas a la industria salmonera. La directora regional de Sernapesca, Daniela Leiva, subrayó la importancia de realizar inspecciones en conjunto con la Armada de Chile para asegurar que se recopile la información necesaria y se tomen las acciones correctivas adecuadas. Este suceso revive la memoria de otros hallazgos similares, lo que plantea serias interrogantes sobre la responsabilidad de la salmonicultura en la ecosistema local.
En el pasado, la comunidad Kawésqar, junto con organizaciones como Greenpeace, ha expresado su preocupación por las muertes de ballenas jorobadas en áreas protegidas, llevando a querellas contra las empresas responsables. Estos eventos, a menudo acaecidos en proximidades de centros como Cooke Aquaculture y Australis Mar, ponen de manifiesto la tensión entre la conservación efectiva de la biodiversidad y las actividades comerciales que podrían comprometerla. La apertura de investigaciones por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) refuerza la necesidad de un escrutinio riguroso sobre las prácticas de estas empresas.
Estudios previos han señalado la posibilidad de que los cetáceos hayan sufrido colisiones con embarcaciones o se han visto atrapados en redes relacionadas con la infraestructura de las granjas de salmones. Este hallazgo no es aislado; muchos expertos, como el Dr. Rodrigo Hucke-Gaete, advierten que estas muertes no son un fenómeno nuevo, sino parte de un patrón que ha ido en aumento con la proliferación de concesiones para la salmonicultura en la Patagonia chilena. Su mensaje es claro: es fundamental tomar acciones contundentes para proteger las especies en peligro y el ecosistema que, a pesar de las regulaciones, sigue estando amenazado.
Finalmente, cabe resaltar que tanto Cooke Aquaculture como Australis Mar ya enfrentan procesos sancionatorios por elusión de la normativa ambiental y otros incumplimientos. Estos antecedentes son fundamentales al considerar la urgencia de una estricta supervisión y control de las actividades industriales en áreas vulnerables. Al continuar permitiendo que estas industrias operen sin consecuencias adecuadas, se arriesga no solo la vida marina, sino también la integridad de los espacios naturales que deben ser resguardados. Las muertes de ballenas en zonas protegidas son una señal alarmante de que es imperativo plantear reformas en las políticas ambientales y fortalecer las medidas de protección a la biodiversidad.
