Tras más de 13 años de intensas movilizaciones y disputas políticas, la pesca artesanal chilena ha alcanzado un hito trascendental: la publicación de las cuotas en toneladas del nuevo fraccionamiento pesquero, que será implementado en 2026, tras la aprobación en el Congreso. Esta medida, que marca el fin de la controvertida Ley de Pesca de 2012, conocida como «Ley Longueira», abre la puerta a una nueva etapa para miles de pescadores artesanales que ahora esperan que el Estado garantice condiciones sociales justas para el sector. La Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal ha reaccionado positivamente a la oficialización de estas cuotas, interpretándola como el cierre de un prolongado proceso legislativo que culminó con una abrumadora votación en el Senado y la Cámara de Diputados.
La aprobación de este nuevo marco regulatorio no solo se percibe como un cambio administrativo, sino como un giro estructural en la política pesquera nacional. Hernán Cortés, presidente de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONDEPP), destacó que su lucha por la justicia pesquera ha sido respaldada por muchos que, a pesar de las adversidades, nunca abandonaron la causa. Según palabras de Cortés, «hoy celebramos, pero un grupo pequeño de nosotros luchó desde el principio por la equidad de todos los pescadores artesanales, incluso aquellos que apoyaron la Ley Longueira». Esta reivindicación ha solidificado un sentido de unidad y determinación entre los trabajadores del mar.
El nuevo modelo de fraccionamiento también tiene implicancias significativas para la economía local. Se estima que la redistribución de recursos desde la industria ayudará a financiar plantas de procesamiento de Pymes y mejorará la infraestructura de caletas en diversas regiones, lo que a su vez dinamizará las economías locales y beneficiará a decenas de miles de familias. Desde el Gobierno, se ha afirmado que las nuevas medidas incluyen un cobro de patentes especiales a la industria que adquiera cuotas internacionales, asegurando así mayores ingresos fiscales y fortaleciendo el control sobre la pesca ilegal, al aumentar las sanciones para aquellos que infrinjan las normativas establecidas.
Uno de los puntos más destacados de este nuevo fraccionamiento es su enfoque en la redistribución de cuotas entre diversas regiones, priorizando a aquellas donde la pesca artesanal es esencial. La región del Biobío, considerada un bastión de la pesca artesanal, se posiciona como una de las grandes beneficiarias de esta reforma, alejándose de años de exclusión en la distribución de recursos. Desde una perspectiva de género, Sara Garrido, dirigente nacional, subrayó que esta legislación no solo abordará cifras y toneladas, sino que tiene el potencial de mejorar la soberanía alimentaria y empoderar a las mujeres en el sector, proporcionándoles mayores garantías para sostiene sus labores.
A pesar del ambiente festivo, representantes de la Alianza Nacional enfatizan que este nuevo fraccionamiento es solo el comienzo de un proceso más amplio. La nueva legislación, que entra en vigor en 2026, debe complementarse con políticas concretas que aseguren condiciones laborales dignas y un rol activo de la pesca artesanal en la cadena de valor alimentaria nacional. La apertura de un futuro más claro y la posibilidad de planificar a mediano plazo son fundamentales para el sector artesanal. Con la publicación de las cuotas definitivas, los pescadores pueden finalmente proyectar su trabajo y fortalecer sus comunidades, aunque los líderes del movimiento insisten en la necesidad de avanzar en la justicia social para garantizar un verdadero cambio en el sector.
