Según la reciente Encuesta Casen 2024, la pobreza multidimensional en Chile mostró una disminución significativa en los últimos dos años, con una reducción de 2,3 puntos porcentuales, pasando del 20% en 2022 al 17,7% en 2024. Este cambio se debe a una nueva metodología de medición implementada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, diseñada para reflejar de manera más precisa la realidad social y económica del país. A través de esta metodología, el estudio arroja resultados que permiten una comparación consistente a lo largo del tiempo, revelando una tendencia a la baja tanto en la pobreza por ingresos como en la pobreza multidimensional y severa. De esta manera, se evidencian mejoras en varios indicadores de bienestar que, aunque alentadores, esconden desafíos significativos, especialmente para grupos vulnerables como las personas con discapacidad, cuya situación ha empeorado en ciertos aspectos.
El académico Orlando Balboa, del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago, destaca que, aunque la pobreza multidimensional ha mostrado una disminución, el porcentaje de personas con discapacidad ha aumentado, lo que pone de manifiesto la persistencia de la exclusión entre este grupo. Según la encuesta, la población con discapacidad ha pasado del 13,6% (531.962 personas) al 16,5% (572.923 personas) en dos años, mostrando que 40.961 personas más se encuentran viviendo en condiciones de pobreza multidimensional. Este aumento no es solo un número, sino que refleja carencias acumulativas en áreas esenciales como educación, empleo y acceso a servicios básicos, aspectos cruciales para garantizar una vida digna y autónoma.
La presidenta de la Fundación Tacal, Andrea Zondek, subraya que la situación de las personas con discapacidad es inaceptable, considerando que más de 500 mil continúan viviendo en pobreza multidimensional. Su diagnóstico es contundente: la exclusión sistemática del mercado laboral es una de las causas más profundas del problema. A pesar de la existencia de la Ley de inclusión de 2017 que exige a las empresas contar con un porcentaje de trabajadores con discapacidad, menos del 40% de las organizaciones cumplen con esta normativa. Zondek argumenta que, mientras no se garantice el acceso real al empleo formal, cualquier disminución en las cifras de pobreza será ilusoria y puntualiza que la falta de trabajo no solo implica carencia económica sino que también tiene un impacto directo en la dignidad y participación de las personas.
En este contexto, la Ley 21.015, que obliga a las empresas a contratar al menos al 1% de personas con discapacidad, ha generado controversia. Aunque se planteó como una solución, críticos señalan que ha sido utilizada como una ‘puerta de salida’ para el incumplimiento, donde muchas empresas prefieren pagar multas antes que hacer un esfuerzo real por integrar a personas con discapacidad en sus plantillas. Balboa menciona que la solución no debe ser solo reglamentaria, sino que también debe incluir un cambio cultural en las empresas, que debe empezar por la capacitación y la implementación de ajustes necesarios para garantizar un entorno laboral inclusivo.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, señaló que, si bien la Encuesta Casen 2024 refleja mejoras en varios grupos, la situación de las personas con discapacidad sigue siendo crítica. Según sus declaraciones, la pobreza multidimensional para este grupo se mantiene en un 27,4%, lo que es motivo de preocupación para el Gobierno. Toro insiste en que la reducción de la pobreza debe ser una política de Estado y que es esencial fortalecer las políticas sociales para abordar de manera integral el problema, incluyendo el compromiso del Estado, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones efectivas que permitan a las personas con discapacidad salir del círculo de exclusión y pobreza.
