El Ministerio de Justicia de Chile ha activado formalmente el Protocolo de Defensores de Derechos Humanos en respuesta a las alarmantes amenazas que ha recibido Miguel Raín, un destacado dirigente indígena williche de Chiloé. Este protocolo, implementado el 28 de julio de 2025, busca proporcionar un marco de protección para aquellos que defienden los derechos humanos en el país. La organización Defendamos Patagonia confirmó que esta decisión se ha tomado tras la denuncia de graves amenazas de muerte, lo que pone de manifiesto la creciente preocupación por la seguridad de los defensores ambientales en la región de Los Lagos.
El Ministerio de Justicia ha considerado las amenazas sufridas por Raín como hechos constitutivos de delito y, como tal, ha procedido a enviar toda la información correspondiente al Ministerio Público. Se espera que este organismo tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad del dirigente indígena y su familia. Además, el Ministerio ha solicitado al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que lleve a cabo un exhaustivo seguimiento del caso y evalúe la posibilidad de interponer un Recurso de Protección, reforzando así las medidas de seguridad que se están considerando.
Las amenazas en contra de Miguel Raín están directamente relacionadas con su labor en la defensa del territorio ancestral de su comunidad, particularmente en la creación de un Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios (ECMPO) en la isla Caucahué. Este espacio es vital para asegurar la sustentabilidad y el respeto hacia las actividades tradicionales que realizan los pueblos indígenas, buscando también preservar su cultura frente a las presiones externas que amenazan su existencia. La lucha de Raín y su comunidad refleja un esfuerzo continuo por defender su forma de vida y su entorno, en un contexto donde la violencia contra defensores ambientales y de derechos humanos se ha vuelto cada vez más común.
Ante esta situación, la comunidad y diversas organizaciones sociales han alzado la voz para exigir medidas efectivas de protección para Raín y otros defensores en situaciones similares. El patrón de violencia sistemática contra activistas que luchan por la protección del medio ambiente en Chile se ha hecho evidente, y la reciente atención mediática sobre el caso de Raín recalca la urgencia de implementar el Acuerdo de Escazú, que busca garantizar los derechos de participación e información en asuntos ambientales. Este acuerdo es fundamental para fortalecer la protección de quienes defienden el patrimonio natural y cultural de las comunidades.
Simultáneamente, el diputado Jaime Sáez ha gestionado diversas acciones de resguardo para Miguel Raín a través del INDH y la Delegación Presidencial Provincial de Chiloé. Este caso se ha convertido en un símbolo de la crisis de seguridad que enfrentan los defensores ambientales en el país, y destaca la necesidad imperiosa de implementar políticas coordinadas que garanticen su protección. La activación del Protocolo de Defensores de Derechos Humanos es un paso positivo, pero queda claro que se requiere un compromiso continuo y efectivo por parte del Estado para asegurar un entorno seguro para quienes defienden el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios.
