El 18 de junio, comunidades indígenas y organizaciones sociales de Arica se manifestaron en un claro rechazo al proyecto minero «Champagne» propuesto por Andex Minerals Chile SpA, que se ubica en el sagrado Cerro Anocarire. Este proyecto está actualmente en evaluación ambiental y la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) está programada para tomar una decisión crítica el 26 de junio. Los comuneros han expresado su preocupación por el impacto que tendría el proyecto en las aguas de la región, los glaciares, los bofedales y en las prácticas culturales de las comunidades aymaras, ya que el Cerro Anocarire es un sitio muy relevante para la cosmovisión andina y la sustentabilidad hídrica de las cuencas altiplánicas.
Desde septiembre de 2024, durante todo el proceso de Evaluación Ambiental, diversas organizaciones y especialistas han presentado su oposición a este proyecto. Se han colectado más de un centenar de observaciones durante el período de Participación Ciudadana que tuvo lugar entre enero y febrero de 2025, lo que evidencia la oposición generalizada hacia la propuesta de Andex Minerals. El informe consolidado de evaluación, publicado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el 17 de junio, recomienda la aprobación del proyecto, desoyendo así las numerosas inquietudes expresadas por la comunidad y por entidades técnicas como CONADI y CONAF.
La empresa Andex Minerals, desde noviembre de 2024 hasta abril de 2025, ha llevado a cabo audiencias de lobby con figuras influyentes, como Mauricio Gutiérrez del SEA. Este tipo de acciones han sido objeto de crítica, ya que parecen ignorar el rechazo social y la importancia cultural del Cerro Anocarire. La declaración pública de los comuneros aymaras destaca la falta de un proceso de consulta real, argumentando que sus derechos y la espiritualidad vinculada al cerro han sido sistemáticamente menospreciados por la empresa y las autoridades.
El proyecto minero implica realizar 12 sondajes en una zona de aproximadamente 1,37 hectáreas y planea la construcción de infraestructuras permanentes, incluyendo campamentos y caminos de acceso. Sin embargo, estas actividades no solo amenazan el agua y los ecosistemas locales, sino que también fracturan la relación que las comunidades indígenas tienen con su territorio. Desafortunadamente, Andex Minerals parece haber ingresado el mismo proyecto bajo diferentes nombres, buscando eludir regulaciones ambientales que ya habían sido señaladas por la Corte Suprema en decisiones anteriores.
La oposición no solo es presentada por las comunidades indígenas, sino también por diversas organizaciones sociales que consideran que la aprobación del proyecto sería una grave afrenta a los derechos y cultura de los pueblos originarios. Muchos exigen que se lleve a cabo un Estudio de Impacto Ambiental completo, citando la necesidad urgente de considerar el respeto a las fuentes de agua y la biodiversidad. La comunidad llama a la acción y recuerda al gobierno de Gabriel Boric su compromiso con la protección del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, haciendo un llamado a toda la ciudadanía para que respalde su lucha.
