Los voceros de las comunidades ribereñas han expresado su profunda preocupación ante el proyecto de construcción de ocho pozos profundos en Barraza Bajo, cuya finalidad es abastecer de agua a la ciudad de Ovalle. El proyecto, anunciado el 6 de junio de 2025 por el delegado presidencial de Coquimbo, Galo Luna, ha sido recibido con desconfianza y desinformación por los vecinos del río Limarí. Nicolás Rojas, representante de las Comunidades Ribereñas por la Protección y Defensa del Río Limarí, manifiesta su indignación al señalar que, a pesar de que se dice que el proyecto lleva tres años en desarrollo, no han podido encontrar documentación o información concreta sobre este millonario plan de $8 mil millones. La falta de transparencia genera un clima de incertidumbre entre los habitantes de la zona, quienes se ven afectados directamente por las decisiones que se toman sin su conocimiento.
Ximena Galleguillos, también vocera de la organización, enfatiza la necesidad urgente de obtener información clara y precisa sobre el impacto que este proyecto podría tener en su subsistencia. Los habitantes de Barraza Bajo son conscientes de la vital importancia del agua para la agricultura familiar campesina y la ganadería, pilares que sostienen su economía local. «Nuestra economía local se vería totalmente afectada», advierte Galleguillos, al referirse a la posibilidad de reducción en el caudal del río Limarí, que podría amenazar su fuente de vida y las napas de Agua Potable Rural de las que dependen.
Además de las preocupaciones económicas, los voceros también expresan inquietudes ambientales. Rojas subraya que la construcción de los pozos profundos representa un riesgo inminente para los ecosistemas locales, incluyendo los ojos de agua del río Limarí, el humedal de Barraza-Oruro y sitios culturales como los petroglifos de Oruro Bajo. «El impacto ambiental es un factor muy presente, que no podemos ignorar», afirma, enfatizando la necesidad de protección no solo del agua, sino también del patrimonio cultural que enriquece a la comunidad y su entorno.
Ante la falta de respuestas de las autoridades, las comunidades han comenzado a considerar sus próximos pasos. Luego de haber agotado los canales formales en búsqueda de transparencia, Rojas indica que podrían verse obligados a explorar otras medidas de presión ante la aparente apatía de las autoridades locales y regionales. «No hemos tenido ninguna visita, ni ningún tipo de diálogo con quienes tienen el poder de decisión», lamenta. La inacción de las autoridades ha aumentado el sentimiento de abandono en las comunidades, que sienten que sus voces y preocupaciones son ignoradas.
A pesar de la adversidad, Galleguillos se muestra optimista sobre la capacidad organizativa de las comunidades campesinas e indígenas. Resalta la importancia de mantener asambleas territoriales y un «poder fuerte» para asegurar el suministro de agua potable y riego, así como la protección de sus reservas naturales. Las comunidades están determinadas a no permitir que Barraza se convierta en una zona de sacrificio y están firmes en sus demandas por información, seguridad hídrica y conservación del entorno. Su mensaje es claro: es hora de que se escuchen sus preocupaciones y se actúe en consecuencia.
