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Oposición pide pausar la reforma de pensiones hasta zanjar el debate constituyente

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El principal artículo sobre el derecho a la seguridad social que aprobó el Consejo Constitucional -donde se establece la propiedad individual sobre los ahorros previsionales-, se contrapone a la reforma del gobierno, indica el experto Pedro Pizarro.

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Pese a que el debate constitucional está lejos culminar, la discusión ya está salpicando a la reforma de pensiones del Gobierno que se tramita en el Congreso. Tras la enmienda del Consejo Constitucional en que se aprobó la propiedad individual sobre los ahorros previsionales, algunos parlamentarios de oposición pasaron a la ofensiva y solicitaron al Ejecutivo retirar su proyecto de ley referente a pensiones, que permanece estancado en la Comisión de Trabajo de la Cámara.

Cabe indicar que la normativa aprobada por el Consejo establece la propiedad sobre las cotizaciones previsionales, que estas serían inexpropiables y que cada persona es libre de elegir quién las administra e invierte. En ese sentido, el diputado Benjamín Moreno aseguró que “frente a la reforma del Ejecutivo, que es una reforma netamente expropiatoria de las cotizaciones y de la cotización extra del 6%, es que creemos necesario que el Gobierno retire su iniciativa”. Argumentan, además, que dicha enmienda está alineada con la preferencia ciudadana.

En la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Cristián Labbé (UDI) mencionó que “la reforma de la ministra Jara puede quedar totalmente offside de lo que vaya a pasar el 17 de diciembre. A lo mejor, la discusión de la reforma de pensiones tiene que esperar hasta ver qué es lo que pasa con la Constitución”.

Por su parte, el ex-subsecretario de Previsión Social durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, Pedro Pizarro, si bien reconoce que las interpretaciones de la norma serán objeto de discusión, plantea que “habría conflictos en el destino de los seis puntos, porque el derecho de propiedad sobre las cotizaciones no sería —en principio— compatible con un esquema de reparto o para hacer solidaridad desde el punto de vista contributivo. Por otro lado, que por default las cotizaciones vayan a un ente estatal, se puede entender que afecta la libre elección”.

En cuanto al argumento de que, dado que las cotizaciones del 6% serían a cargo del empleador y no del empleado, ergo, no serían de su propiedad en primer lugar, Pizarro afirmó que “toda cotización que proviene del trabajo proviene del trabajador, aunque la ley diga que esto tiene que pagarse con cargo al empleador”, lo que deshecha la hipótesis anterior.

Desde el oficialismo, la ministra Jara insistió en que lo aprobado por el Consejo no contraviene lo que plantea la reforma, dado que no se está proponiendo ningún modo de expropiación, ni se limita la libertad de elegir, esto pese a que, en los hechos, el 6% adicional no sería heredable y pasaría por defecto a ser administrado por un ente público monopólico, según lo estipulado al día de hoy en el proyecto.

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