La semana pasada, Santiago fue testigo de una nueva ola de tomas en los establecimientos educacionales emblemáticos de la ciudad, desencadenada por el desalojo llevado a cabo por Carabineros en seis liceos. Este lunes 28 de julio, los estudiantes del Instituto Nacional, Liceo 1, Liceo de Aplicación y Liceo Barros Borgoño reocuparon sus centros, desafiando la firme postura del alcalde Mario Desbordes, quien había prometido mantener una línea dura frente a las manifestaciones. La situación refleja un creciente malestar estudiantil y la persistente crisis en la educación pública en Santiago.
El alcalde Desbordes no dudó en calificar las tomas de «un tinte absolutamente político» y rechazó la posibilidad de un diálogo con los estudiantes bajo presión. En sus declaraciones, enfatizó que estas acciones perjudican la educación pública, señalando que el Liceo de Aplicación ha visto una reducción del 50% en su matrícula en los últimos cuatro años. Este análisis de la situación va de la mano con las críticas a la gestión municipal y a la falta de respuesta a las legítimas demandas de los estudiantes.
En una reunión que se llevó a cabo en el municipio, el alcalde Desbordes se encontró con representantes de los centros de estudiantes, pero el ambiente fue tenso y conflictivo. Aunque se acordó continuar las conversaciones con el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) que asumirá la administración de los liceos a partir del 1 de enero del próximo año, los estudiantes manifestaron que sus exigencias no fueron escuchadas adecuadamente. Las demandas se centran en problemas de infraestructura que afectan el día a día de los alumnos, como baños en pésimo estado y techos deteriorados.
Además de las carencias estructurales, los estudiantes alertaron sobre la falta de seguridad en los alrededores de sus establecimientos, mencionando preocupantes situaciones como la presencia de prostitución en las cercanías. Esta realidad se ha convertido en un foco de preocupación para las comunidades educativas, quienes piden respuestas rápidas y efectivas a las autoridades. Sin embargo, el alcalde Desbordes ha advertido que no dudará en desalojar los recintos «las veces que sea necesario», lo que no hace más que alimentar la tensión entre estudiantes y autoridades.
La escalada del conflicto se acentúa con el anuncio de querellas criminales contra quienes cometan «actos vandálicos» durante estas manifestaciones. Esta postura del alcalde no solo refleja una falta de disposición para abordar las demandas estudiantiles, sino que también parece una respuesta punitiva ante un movimiento social que busca poner en la agenda pública los problemas que atraviesa la educación en Santiago. Con estas medidas, se hace evidente que la solución a los problemas planteados por los estudiantes no es una tarea sencilla y que la represión podría no ser la respuesta más adecuada.
