El fiscal nacional, Ángel Valencia, ofreció declaraciones este martes en la radio ADN, donde abordó el controvertido tema de las filtraciones de investigaciones penales, sugiriendo que estas podrían originarse incluso desde el interior de la propia Fiscalía. Hizo referencia a la reciente divulgación de conversaciones entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa Irací Hassler, ambas militantes del Partido Comunista. Valencia enfatizó que, aunque no se filtran todos los detalles de los casos, esta situación refleja un problema estructural imperante en el diseño de la legislación chilena que, a su juicio, es defectuoso y demanda una revisión profunda.
En su intervención, el fiscal nacional reveló que han implementado medidas para mitigar las filtraciones de información sensible. Una de estas medidas incluye la inversión en tecnología avanzada y el establecimiento de nuevos criterios para los persecutores. Valencia destacó el trabajo del fiscal Cooper, quien ha logrado presentar informes iniciales con partes tachadas para proteger la confidencialidad de ciertos datos. «La entrega de copias a los involucrados en la investigación es una consecuencia directa de nuestra legislación actual», explicó, evidenciando la rigidez del marco legal en la gestión de información.
Valencia no se mostró reacio a la posibilidad de que las filtraciones a los medios de comunicación provengan de la misma Fiscalía, afirmando: «No se puede descartar que haya filtraciones que se originen en la Fiscalía». Sin embargo, fue categórico al indicar que los datos que llegan a la prensa a menudo no corresponden con los hechos reales. «Es injusto y poco prudente atribuir toda la responsabilidad a nuestra institución cuando la información puede ser manipulada o tergiversada por otros», apuntó, reafirmando que no hay una operación política dentro de la Fiscalía Nacional.
Respecto a las sanciones vigentes para quienes filtran información, Valencia las consideró ineficaces, subrayando que actualmente las leyes estipulan castigos muy débiles. «A veces, la normativa ni siquiera establece sanciones para aquellos que proporcionan copias confidenciales a la prensa», criticó. Esto plantea un dilema para la Fiscalía, que se ve obligada a entregar información mientras otros pueden actuar irresponsablemente sin consecuencias significativas.
Por último, el fiscal Valencia abogó por una reforma legal que permitiese la exclusión de información irrelevante o privada de las copias entregadas, sugiriendo que esto podría facilitar un manejo más responsable de los datos. «Con un cambio en la legislación, podríamos evitar la necesidad de tachar partes de los documentos, concentrándonos en excluir específicamente lo que no debe ser conocido públicamente», concluyó. Esta propuesta, en su opinión, podría ser un paso hacia una mayor integridad y eficiencia en la gestión de las investigaciones por parte de la Fiscalía.
