En un evento conmemorativo que marcó el tercer aniversario de la Asociación de Educadores de Chile (ASEDUCH), el presidente nacional, profesor José Luis Velasco, lanzó un contundente llamado a la reflexión y revisión del proyecto de Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, actualmente en discusión en el Senado. Velasco argumentó que las responsabilidades y exigencias que el proyecto impone a los establecimientos educativos son desproporcionadas y carecen de los apoyos necesarios para su implementación efectiva. Esta crítica pone en relieve las complejidades que enfrentan los educadores en su día a día, quienes se ven obligados a lidiar con cargas burocráticas que socavan su labor pedagógica.
Durante su intervención, Velasco alertó sobre el riesgo de que la nueva ley genere un ambiente de judicialización dentro de las comunidades escolares, donde las relaciones se vuelven más formales y menos humanizadas. «Los vínculos educativos, que deberían estar basados en la confianza y el diálogo, están siendo reemplazados por protocolos rígidos y coercitivos», afirmó. Este cambio de paradigma no solo afecta la dinámica entre docentes y alumnos, sino que también amenaza la autoridad pedagógica fundamental para mantener un clima de aprendizaje constructivo en las aulas.
Un ejemplo alarmante que destacó el presidente de ASEDUCH fue el aumento de denuncias contra profesores que intervienen en situaciones de conflicto entre estudiantes, lo cual ha llevado a suspensiones injustificadas. Esta dinámica pone en riesgo no solo la integridad profesional de los educadores, sino también la seguridad y el bienestar de los propios alumnos, quienes podrían verse perjudicados por un ambiente que prioriza la legalidad por sobre la educación integral. Así, la asociación remarcó que el actual enfoque normativo no resuelve las raíces de la violencia escolar, sino que incrementa la carga administrativa sin abordar los conflictos que realmente afectan la convivencia escolar.
Frente a esta situación crítica, ASEDUCH ha renovado su llamado a la creación de un nuevo pacto educativo que incluya a todos los actores involucrados en el sistema educativo chileno: familias, educadores, estudiantes, gremios, el Estado y la sociedad civil. «Necesitamos una ley que devuelva a los educadores las atribuciones necesarias para enseñar y formar en ambientes seguros y ordenados, en lugar de más reglamentos que limiten su accionar y autoridad», explicó Velasco. Tal pacto es fundamental para generar un cambio real en la educación, en la que los docentes sean reconocidos y apoyados en su labor.
Finalmente, la Asociación de Educadores de Chile reafirmó su compromiso con un modelo educativo centrado en las necesidades y derechos de los estudiantes, así como en el respeto hacia la labor docente. ASEDUCH advirtió que, sin reformas significativas, las políticas públicas seguirán alejadas de la realidad que enfrentan las aulas en todo el país. La urgencia de un cambio no es solo un llamado a la acción, sino una necesidad apremiante para asegurar que la educación en Chile sea un espacio seguro y enriquecedor para todos sus participantes.
