Sin duda, la crisis de salud a nivel nacional ha sido noticia en estos días. Una de las historias que más revuelo ha causado es la situación que enfrenta el Hospital San José, lo que varios sectores consideran un desastre sanitario. Este hospital, que atiende a casi un millón de personas, se ha convertido en centro de escándalos e investigaciones, donde sus autoridades están siendo acusadas de permitir y proteger actos falta de transparencia. Recientemente, se ha presentado una querella por prevaricación administrativa contra el equipo directivo del Servicio de Salud Norte y contra el propio hospital, reflejando la gravedad de las irregularidades que han salido a la luz pública.
Los últimos cuatro años han sido especialmente difíciles para el Hospital San José. Según la Contraloría General de la República, los problemas de fraude y corrupción han alcanzado niveles alarmantes. Desde enero de este año, el director del Servicio Norte, Antonio Infante, ha realizado cuatro nombramientos de directores en un intento desesperado por mitigar la crisis. El último en asumir, Aldo Yáñez, fue designado en un acto cuestionado por muchos, dado que había sido destituido anteriormente del mismo nosocomio en febrero pasado. Esta inestabilidad en la dirección ha disparado las alarmas entre los empleados, quienes se preparan para un cambio de gobierno que, esperanzadamente, podría poner fin a lo que describen como la peor gestión del servicio de salud en años.
Las críticas también provienen de dentro de la comunidad directiva del Hospital San José. En conversaciones clandestinas, algunos miembros han expresado que Antonio Infante carece de las competencias necesarias para liderar en un momento tan crítico. Muchos cuestionan su capacidad de gestión y lo acusan de permanecer en su puesto gracias a la cercanía que tiene con la Ministra de Salud, Ximena Aguilera. «¿Qué experiencia tiene Infante en la administración hospitalaria?», se preguntan, subrayando que, en lugar de solucionarlo, él se ha convertido en parte del problema, rodeándose de asesores que, según ellos, no hacen más que engañarle.
En medio de esta crisis, los altos costos de los contratos con consultores han levantado sospechas y frustraciones entre el personal. Se denunció que un consultor cobró casi 60 millones de pesos por solo tres charlas, entregando un informe que no ofrecía soluciones nuevas, sino que reafirmaba problemas ya conocidos por la comunidad del hospital. «Es cuestionable gastar recursos de esta manera cuando nuestros colegas sobreviven en estas condiciones precarias», comentó un médico reconocido, sugiriendo que la inversión debería centrarse en resolver los problemas fundamentales en lugar de encatarsis colectivas que poco ayudan.
Como consecuencia de la creciente indignación, la Dra. Erika Dahl, jefa de la Unidad de Pacientes Críticos, presentó una querella que ha sido declarada admisible. Esta acción legal apunta a los responsables de las irregularidades dentro del hospital y en la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Norte, donde se denuncian intentos de encubrir la situación. La querella pone de manifiesto la preocupación de que el Dr. Infante ha intentado frenar investigaciones internas que podrían exponer la magnitud de los problemas existentes. A medida que la presión aumenta, el Ministerio de Salud guarda silencio, observando la situación mientras se lleva a cabo una visita del recién nombrado subsecretario de redes asistenciales, lo que demuestra que el contexto es más que alarmante.
