El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ha manifestado su deseo de que se mantenga el respeto por la ley frente a la solicitud hecha por el fiscal Patricio Cooper, quien pidió autorización para intervenir el teléfono del Presidente Gabriel Boric en el marco del Caso Procultura. Esta solicitud fue denegada por los tribunales, lo que ha llevado a un debate sobre la legalidad y la ética de las investigaciones en curso. Este tipo de solicitudes son especialmente delicadas, dado el alto cargo que ocupa el mandatario y el escrutinio público al que está sometido.
En este contexto, Aisén Etcheverry, vocera (s) del Gobierno, expresó la necesidad de esperar a que el fiscal Nacional, Ángel Valencia, confirme o desmienta la información que ha circulado sobre el caso. Esta declaración sugiere una postura cautelosa por parte del Gobierno, que busca evitar especulaciones prematuras y respeta el procedimiento judicial. La investigación ha suscitado gran interés mediático y político, dado el potencial implicado con el liderazgo del Presidente Boric.
Elizalde también se refirió a la naturaleza de la información que ha sido filtrada, indicando que se trata de un trascendido que podría ser el resultado de una filtración. Según él, esta situación representa un área de preocupación dentro del marco de un procedimiento que debería ser reservado. La discreción es fundamental en las investigaciones judiciales, y el respeto por el debido proceso es una obligación de todas las instituciones involucradas.
El Ministro enfatizó que es esencial que todas las instituciones trabajen dentro del marco del Estado de Derecho. Afirmó que la fiscalía tiene las facultades para solicitar autorización a los tribunales para llevar a cabo medidas que consideren necesarias, pero que estas deben ser siempre justificadas y responder a la normativa vigente. Elizalde subrayó la importancia de asegurar que no existan abusos en el uso de estas facultades, especialmente en casos tan sensibles.
Por otro lado, se ha conocido que las grabaciones recuperadas del celular de Alberto Larraín, director de la fundación involucrada en el Caso Procultura, contienen información que podría relacionar a Boric con la gestión de fondos públicos. Durante su gobierno, se ha reportado un aumento considerable en la asignación de recursos a la fundación, lo que ha llevado a interrogantes sobre posibles conflictos de interés. La situación sigue siendo objeto de análisis, mientras se aguardan las decisiones judiciales correspondientes.
