En 2024, la ONG Escazú Ahora ha publicado su segundo informe anual, revelando un alarmante aumento en las agresiones físicas contra quienes defienden el medioambiente en Chile. Según el documento, tales agresiones se han triplicado en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 47 casos de vulneración de derechos, que impactaron a 27 personas defensoras del entorno. Este incremento pone de manifiesto la creciente violencia que enfrentan estos activistas, de los cuales el 48,9% de los ataques han sido clasificados como de carácter físico, marcando un escalofriante cambio en la naturaleza de las amenazas que sufren.
Joaquín Salinas, investigador principal del informe, destacó que ser un defensor del medioambiente en Chile cada vez implica mayores riesgos. Salinas enfatizó que «el Estado ha fallado en su deber de protección», ya que las amenazas han evolucionado de meras advertencias a ataques físicos directos. Estas declaraciones subrayan la urgencia de la situación, ya que la defensa del medioambiente está convirtiéndose en un acto de valentía que, lamentablemente, puede resultar en violencia o incluso en la muerte, reclamando una atención inmediata de las autoridades competentes.
El informe también expone la sobreexposición de las mujeres defensoras, quienes han sido víctimas de amenazas persistentes durante todo el año. Aunque el número total de hombres y mujeres afectados es casi equivalente, el 70,2% de los casos documentados involucró a mujeres, lo que sugiere que estas defensoras enfrentan reiteradas agresiones. Francisca Stuardo, editora del informe, alertó sobre la persistente violencia que enfrentan, que abarca desde amenazas hasta ataques directos, enfatizando que esta problemática debe ser abordada con especial urgencia.
Los sectores responsables de estas agresiones son preocupantes; el informe identifica el sector forestal como el principal, concentrando el 38,3% de las amenazas y un alarmante 91,3% de los casos de violencia física contra defensores ambientales. A esto se suman las amenazas provenientes del sector del saneamiento ambiental y del sector energético, ambos contribuyendo con un 17%. Esta correlación entre sector industrial y violencia sugiere un patrón sistemático que debe ser investigado a fondo.
Por último, el informe no puede pasar por alto los altos niveles de impunidad que rodean estos casos en Chile. Salinas señala que de las acciones judiciales presentadas, 25 permanecen en trámite, mientras solo en un caso se logró una resolución favorable. Un dato inquietante es que el 38,2% de los defensores han desistido de denunciar, lo que indica una desconfianza en el sistema judicial y un temor a represalias. En respuesta a esta crisis, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso está discutiendo un proyecto de ley para proteger a los defensores ambientales, resaltando la urgencia de una acción legislativa efectiva ante estas violaciones de derechos.
