La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha formulado cargos contra seis empresas eléctricas por no haber atendido adecuadamente los llamados de los clientes electrodependientes durante el megacorte de suministro ocurrido en 2024. Las empresas involucradas, CHILQUINTA, ENEL COLINA, FRONTEL, LITORAL, LUZ LINARES y SAESA, enfrentan acusaciones graves tras una investigación que demostró que al menos 57 clientes, considerados electrodependientes, no recibieron la atención necesaria en un momento crítico. Este incumplimiento va en contra de la legislación que protege a estos pacientes, la cual exige que las compañías dispongan de canales de atención prioritaria para ellos.
El análisis realizado por la SEC reveló detalles preocupantes sobre los intentos de contacto de los pacientes electrodependientes con estas empresas. En total, se registraron 238 intentos de comunicación por parte de los 57 clientes afectados, lo que resalta la gravísima falta de respuesta por parte de las eléctricas. Dentro de este contexto, LITORAL y CHILQUINTA registraron 13 clientes cada una que no pudieron comunicarse, seguidas por ENEL COLINA con 10, SAESA con 8, FRONTEL con 7 y LUZ LINARES con 6. Este patrón de inacción pone de manifiesto no solo la ineficacia de los servicios al cliente, sino también una potencial violación de los derechos de los usuarios más vulnerables.
Cabe mencionar que esta situación no es aislada, ya que se suma a otros cargos formulados previamente en marzo de este año contra ENEL, que actualmente enfrenta serias acusaciones por su falta de cumplimiento con la ley vigente. Las nuevas reformas de cargos apuntan a que ENEL no proporcionó los equipos de respaldo necesarios a los pacientes electrodependientes, tampoco atendió las llamadas de sus tutores y mostró falta de prioridad al restablecer el servicio en los hogares de estos pacientes vulnerables. La combinación de estos problemas resalta una preocupante tendencia en el servicio al cliente en la industria eléctrica.
La superintendenta Marta Cabeza ha calificado de «grave» la inacción de estas empresas ante la emergencia de los electrodependientes, enfatizando la crucial necesidad de prever y responder a situaciones que pueden poner en riesgo la vida de estos pacientes. En su declaración, Cabeza subrayó que un corte de suministro eléctrico no solo representa una molestia, sino un verdadero riesgo vital para aquellos que dependen de la electricidad para su salud, remarcando la urgencia de que las compañías eléctricas actúen con responsabilidad y prontitud ante tales incidentes.
Como consecuencia de estas infracciones, la SEC está dispuesta a imponer sanciones económicas significativas, que pueden alcanzar hasta las 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA) por cada empresa, dependiendo de la gravedad de la falta confirmada en la investigación. Esta medida no solo busca sancionar a las empresas, sino también garantizar que situaciones como estas no se repitan en el futuro, asegurando que los derechos de los pacientes electrodependientes sean cumplidos y protegidos adecuadamente.
