La Contraloría General de la República ha revelado una alarmante irregularidad en el registro de funcionarios municipales, detectando que más de 106,000 personas que recibieron rentas u honorarios de diversas municipalidades entre 2022 y 2023 no están oficialmente registradas en el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (SIAPER). Este hallazgo se realizó tras un meticuloso análisis de los datos que requieren que los municipios mantengan una base actualizada de sus empleados, cumpliendo así con la normativa vigente.
Para llevar a cabo esta investigación, la Contraloría implementó dos estrategias principales que permitieron llevar a cabo una verificación exhaustiva del cumplimiento por parte de las municipalidades. La primera de estas medidas fue el Plan de Monitoreo y Control Municipal que se diseñó para supervisar las prácticas de registro. La segunda estrategia consistió en un análisis comparativo entre las declaraciones de renta presentadas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y lo que efectivamente está registrado en el sistema SIAPER, permitiendo así identificar disparidades significativas.
Según los datos recopilados, de las 345 municipalidades que existen a nivel nacional, solo 231 han cumplido adecuadamente con los procesos de registro, lo que pone de relieve una falta de adherencia a los estándares administrativos. Entre los hallazgos más preocupantes, se señala que un 43% de los actos administrativos informados no aparecen en la plataforma SIAPER. Esta cifra indica una clara deficiencia en la gestión municipal que podría tener repercusiones importantes en la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.
Particularmente alarmante es la situación en ciertas municipalidades como Arica, Caldera y Huara, donde la cantidad de funcionarios no registrados es notablemente elevada. Asimismo, las municipalidades de Santiago, Talcahuano y El Bosque se destacan en este ranking negativo, señalando un problema que no solo afecta la legitimidad de los pagos realizados, sino que también podría abrir la puerta a prácticas irregulares y corrupción en el uso de los recursos públicos.
Este reporte de la Contraloría pone de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las municipalidades. Se requiere un compromiso firme por parte de las autoridades para corregir estas irregularidades y garantizar que todos los funcionarios públicos que reciben remuneraciones estén debidamente registrados y fiscalizados. Esto no solo es una obligación legal, sino también un imperativo ético que busca restablecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
