La reciente propuesta presentada en la Cámara de Diputados de Chile busca fortalecer la gestión, prevención y respuesta ante emergencias y desastres en el contexto del cambio climático. Este ambicioso proyecto es el resultado de la colaboración entre la Fundación Ronda, el Estudio Jurídico Colombara y un grupo de diputados y senadores de diversas coaliciones políticas, incluyendo a Hotuiti Teao, Camila Musante, Gastón Saavedra y Paulina Núñez. El objetivo principal es mejorar las políticas existentes y crear nuevas estrategias que se alineen con las necesidades actuales y futuras del país, especialmente en lo que concierne a la atención de grupos vulnerables y la protección de los derechos humanos.
María José Escudero, directora de Incidencia y Desarrollo de la Fundación Ronda, señaló que esta iniciativa surge como una respuesta urgente desde la sociedad civil ante la creciente frecuencia y magnitud de las emergencias en Chile. La falta de una estrategia clara y coordinada ha llevado a la necesidad de replantear cómo se abordan estos desastres, con el fin de evitar la pérdida de vidas y la desesperación que enfrentan muchas familias afectadas, como se evidenció en catástrofes recientes. La propuesta pone un fuerte énfasis en la gestión comunitaria, reconociendo que la preparación a nivel local es crucial para una respuesta efectiva.
En medio de este contexto, se planifican comisiones temáticas que incluirán expertos de diversas áreas y sectores, tanto públicos como privados. Estas comisiones se encargarán de desarrollar estrategias que no solo atiendan la respuesta inmediata a desastres, sino que también trabajen en la reparación integral de las víctimas. Ignacio Serrano, Director Ejecutivo de Desafío Levantemos Chile, manifestó que «los chilenos saben levantarse, pero necesitan un Estado mejor articulado». Este enfoque busca asegurar que el gobierno sea capaz de responder no solo a las emergencias, sino también de anticiparse y prevenir futuros desastres.
El senador Gastón Saavedra subrayó la importancia de una institucionalidad pública capaz de corregir y prevenir daños, enfatizando que la respuesta no debe limitarse a acciones reactivas tras las catástrofes. Tanto él como otros legisladores han expresado su deseo de no repetir el doloroso episodio reciente en el que más de 137 personas perdieron la vida. La diputada Camila Musante destacó que el país enfrenta siete de los nueve factores del cambio climático, por lo que es imperativo que las instituciones se adapten a esta nueva realidad, fortaleciendo así su capacidad para gestionar emergencias de manera más efectiva.
La participación de la sociedad civil y la academia es un aspecto central del plan propuesto, resaltando la necesidad de comunidades empoderadas y proactivas. Marcelo Lagos, geógrafo y académico, señaló que es esencial fomentar una cultura de convivir con el riesgo y de apoyo mutuo entre el Estado y la sociedad civil. En este sentido, el comité de Crisis de El Olivar, liderado por René Flores, enfatizó la importancia de escuchar y tener en cuenta la perspectiva de las víctimas. La propuesta no solo se trata de abordar las emergencias de hoy, sino de construir un sistema que garantice la protección y dignidad de quienes enfrentan las consecuencias de estos desastres.
