La Corte de Apelaciones de Santiago ha confirmado una sentencia histórica que obliga al fisco a indemnizar a los familiares de las víctimas del devastador tsunami que golpeó la isla Robinson Crusoe en febrero de 2010. La resolución, adoptada por la Cuarta Sala del tribunal, implica que el Estado chileno deberá desembolsar un total de $145.000.000 como compensación por el daño moral causado a los familiares de quienes perdieron la vida durante este trágico evento natural. La decisión del tribunal se produce tras un proceso legal en el que se determinó que existió una falta de servicio por parte de las autoridades competentes en la alerta y gestión de situaciones de emergencia.
En su fallo, la Corte desestimó cualquier error en la sentencia previa dictada por el 30° Juzgado Civil de Santiago, reafirmando que la responsabilidad por los daños ocasionados recae sobre el Estado. La ministra Dobra Lusic, junto con sus colegas, subrayó que la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI) y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) no emitieron la alerta de tsunami de manera oportuna aquel fatídico 27 de febrero. Esta falta de acción por parte de las autoridades exacerba la angustia y dolor que sienten los afectados, quienes ahora recibirán una compensación económica tras años de sufrimiento.
Las indemnizaciones establecidas por la Corte se distribuyen de la siguiente manera: $60.000.000 para Pablo Lorca Fajardo; $60.000.000 para Ivanka José Brito Schiller; y $25.000.000 para Franccesca Figueroa Green. Estos montos representan un intento de resarcir el sufrimiento y la pérdida irreparable que las familias han padecido como resultado de la tragedia. Las víctimas del tsunami en Juan Fernández, que chocaron con la inacción y falta de protocolos claros de alerta, han encontrado en esta sentencia un reconocimiento a su dolor y una vindicación a sus demandas hacia el Estado.
El fallo establece un precedente significativo en cuanto a la responsabilidad del Estado en la gestión de emergencias, apuntando a la necesidad imperiosa de mejorar los protocolos de alerta y respuesta ante desastres naturales. La lenta respuesta institucional y la falta de información adecuada en momentos críticos son cuestiones que han sido ampliamente discutidas en la opinión pública desde el tsunami de 2010. Este caso en específico arroja luz sobre la imperativa necesidad de que las instituciones reforcen sus estrategias preventivas para asegurar la vida y bienestar de la población ante fenómenos naturales.
Ante este contexto, el Estado chileno enfrenta ahora un reto en cuanto a la implementación de medidas más efectivas que eviten que situaciones similares se repitan en el futuro. La decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago no solo busca dar closure a las familias afectadas, sino que también representa un llamado de atención a las autoridades para que realicen las inversiones y cambios necesarios en su infraestructura de gestión de crisis. Por lo tanto, la sentencia va más allá de una simple compensación económica; es un recordatorio de la responsabilidad que tienen las instituciones frente a la población en momentos de desastre.
