Esta mañana, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó la reciente querella interpuesta por Ley Antiterrorista tras el atentado que afectó las obras de construcción de la central hidroeléctrica de Rucalhue. Cordero anunció su intención de viajar a la zona afectada y reunirse con representantes de la empresa de capitales chinos, International Water & Electric Corp, que ha sufrido daños millonarios, incluyendo dos guardias heridos y la destrucción de 45 camiones y 5 maquinarias. El ministro enfatizó la importancia de la seguridad en el proyecto y la continuidad del mismo, destacando el compromiso del Gobierno chileno hacia la inversión extranjera.
En una entrevista con Radio Pauta, el ministro Cordero reveló que ya se había reunido con los representantes de la empresa el lunes, donde reafirmó el interés del Estado en garantizar la continuidad de la inversión. «El mensaje del Gobierno es claro: no se tolerará la resistencia ilegítima al desarrollo de proyectos esenciales como este», declaró. Su anuncio sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista se considera una medida seria y contundente, que refleja la postura del Gobierno frente al creciente problema de la violencia en el sur del país, particularmente en conflictos que involucran a comunidades indígenas y proyectos de desarrollo.
Con la situación tensa en la región, comunidades mapuche pewenche y grupos de defensa de derechos humanos han organizado una protesta que culminará hoy en La Moneda. Los representantes mapuche entregarán una carta dirigida al Presidente de la República y a diversas autoridades ministeriales, demandando la paralización del proyecto hidroeléctrico en Rucalhue. La misiva expone las preocupaciones sobre la severa vulneración de derechos que sufren estas comunidades debido a los impactos nocivos de la construcción, marcando un ejemplo más del conflicto entre desarrollo industrial y derechos indígenas.
Además, líderes comunitarios informaron que darán a conocer los resultados de sus recientes reuniones con organismos como la embajada de China y Conaf, enfatizando el diálogo internacional como una posible vía para abordar sus preocupaciones. Dentro de su argumentación, mencionan que la construcción de una cuarta central hidroeléctrica no solo atenta contra sus territorios tradicionales, sino que también ignora los derechos fundamentales de las comunidades que habitan en la región. El impacto ambiental y social de tales iniciativas es un punto que abordan con fuerza en su comunicación.
Ante este panorama, el debate en torno a los derechos de las comunidades indígenas y la inversión extranjera se intensifica. La aplicación de la Ley Antiterrorista por parte del Gobierno presenta una clara dicotomía: mientras se busca proteger la inversión y garantizar la seguridad, también se corre el riesgo de desatender las voces de quienes habitan y cuidan esas tierras. La situación en Alto Biobío es un microcosmos de los desafíos más amplios que enfrenta Chile en la intersección de desarrollo económico y justicia social, lo que deja una clara señal de que la solución a estos conflictos requiere más que medidas de seguridad.
