La Contraloría General de la República ha revelado que un preocupante 90% de las municipalidades del país, un total de 342, no han cumplido con el envío de la documentación necesaria a la Subsecretaría de Prevención del Delito, específicamente en lo que respecta a los Planes de Seguridad Pública y las actas de las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública para el periodo 2024-2025. Esta situación fue destacada en el undécimo Consolidado de Información Circularizada (CIC) presentado hoy, enfatizando una falta evidente de coordinación y compromiso por parte de los gobiernos locales en el tema de seguridad.
Según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, es imperativo que las municipalidades implementen medidas intersectoriales tendientes a mejorar tanto las condiciones de seguridad como la calidad de vida de los residentes. De los 342 municipios involucrados, 110 se encuentran en una categoría de «Urgentes», lo que indica un alto riesgo de vulnerabilidad socio-delictual. Municipalidades como Alto Biobío, Ercilla y La Florida, entre otras, se destacan en esta problemática, lo que resalta la necesidad de atención inmediata a sus realidades específicas.
A partir de febrero, 24 municipios contabilizaban planes de seguridad caducados, mientras que 40 aún no habían enviado su documentación a la Subsecretaría. Entre estos, se identificó que seis municipalidades de la categoría «Urgentes» tienen sus planes vencidos, resaltando la crítica situación de La Florida, que se posiciona como la novena comuna con mayor riesgo en el país. Esta falta de actualización y remisión de información puede resultar en una mayor exposición de la población a la delincuencia, además de obstaculizar esfuerzos de prevención.
La Contraloría advierte que la ausencia de un Plan de Seguridad Comunal no solo incrementa la probabilidad de respuesta improvisada ante la delincuencia, sino que también dificulta la prevención efectiva de delitos. Sin el adecuado consejo comunal o el incumplimiento de las reuniones periódicas, se debilita la coordinación entre la comunidad, las policías y otras entidades públicas. Esto puede conducir a acciones de seguridad menos efectivas y un deterioro en la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos.
De acuerdo a la Ley 18.695, es una obligación de los municipios remitir a la Subsecretaría las actas de todas las sesiones del Consejo de Seguridad Comunal y actualizar anualmente los Planes Comunales de Seguridad Pública. Sin embargo, entre 2021 y 2024, se ha evidenciado una disminución en la remisión de estas actas; 72 municipios han enviado documentación con retraso y 19 no han reportado ninguna sesión en años recientes. Esta tendencia desalentadora, que afecta a comunas con elevados niveles de vulnerabilidad, exige una urgente revisión y acción por parte de las autoridades competentes.
