El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha dado un paso significativo al presentar este viernes una querella criminal contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj. Esta acción legal se fundamenta en la supuesta comisión de delitos graves como la revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial, en relación al escandaloso denominado “Caso Audios”. La presentación de esta querella no solo señala al alto cargo del poder judicial, sino que también apunta hacia el abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en el centro de la polémica por su implicación como autor del delito de soborno.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el CDE ha documentado que tanto Sabaj como Hermosilla, en su calidad de funcionarios públicos, mantuvieron comunicaciones que ponen en entredicho la ética y la imparcialidad del sistema judicial. Los hechos se remontan al tiempo en que Verónica Sabaj era jueza del 3º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, y se señalan acciones en las que solicitó beneficios para ella y para terceros, comprometiendo así su independencia en favor del abogado implicado.
Las imputaciones indican que, en su transición hacia el cargo de ministra de la Corte de Apelaciones, Sabaj continuó su vínculo con Hermosilla, realizando solicitudes adicionales que incluían la garantía de nombramientos y favorecimientos a otras personas. Esto plantea serias dudas sobre la transparencia y la integridad del sistema judicial, teniendo en cuenta que los funcionarios de justicia deben actuar con la máxima imparcialidad y ética.
La querella ha sido presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y también incluye a todos aquellos que resulten responsables de los delitos señalados. Este movimiento del CDE refleja una creciente preocupación sobre la corrupción en las instituciones públicas y la necesidad de asegurar que los altos funcionarios no operen bajo prácticas que comprometan la justicia y la confianza ciudadana.
El hecho de que Hermosilla, durante el tiempo de los actos ilícitos, desempeñara funciones en el Ministerio del Interior, agrega un nivel adicional de complejidad a este caso. La interacción entre un abogado y una funcionaria judicial, en el contexto de supuestos sobornos y compromisos de imparcialidad, podría tener repercusiones significativas en el ámbito judicial y político del país. Este caso es un recordatorio poderoso de la importancia de la rendición de cuentas en el ejercicio del poder público.
